11º-18º
miércoles | 8 mayo | 2024
La sala número 1 de los juzgados de primera instancia de A Coruña vio ayer la tercera jornada del proceso contra NCG Banco y el FROB, por la operación acordeón que precedió al rescate bancario de 2012 y que provocó la pérdida de 70 millones de euros de grandes inversores. Entre ellos, el grupo Gadisa, que invirtió 10 millones y cuyo presidente, Roberto Tojeiro, declaró ayer. “Los inversionistas pusimos sin saberlo, el dinero que tenía que haber puesto el FROB en septiembre de 2011”. O por lo menos parte, puesto que la cifra total que era preciso para sanear la entidad ese ese momento era de 948 millones. El caso de Tojeiro reviste especial interés porque era consejero independiente del NCG Banco durante 2011, el año en el que tuvo lugar la campaña de captación de inversionistas, pero no participó en la operación de compra de acciones por incompatibilidades: “Me enfadé y fui a hablar con los responsables, pero no me ofrecieron una solución”.
Como en las anteriores jornadas, la de ayer se centró en tratar de averiguar quien sabía qué y cuándo. La acusación mantiene que se le ocultó a los inversores información vital que, de haberla conocido, les hubiera decidido a no comprar esas acciones mientras que la defensa sostiene que se les dio toda la información a la que estaban obligados. En el caso de Gadisa, el propio Tojeiro estudió los documentos de venta durante agosto de 2011 y todo parecía estar en orden. El presidente de NCG, José María Castellano, aseguraba que la entidad estaba saneada y que valía cerca de 2.600 millones netos.
Así que, en principio, parecía un buen negocio. “Era un proyecto atractivo, con un beneficio razonable y a un precio en línea con el de otras entidades en esa época”, explicó Tojeiro. Según el presidente de Gadisa, lo que decidió que el emporio de supermercados decidiera subirse al barco fue otra cosa: “Si hay que invertir, que sea donde te da una mayor satisfacción, en la propia tierra”.
Pero todo se torció muy pronto. En septiembre, el FROB había reducido ya el valor de NCG en 181 millones, aunque esa información todavía no era de dominio público. En realidad, esta operación se basó en una cuenta de resultados correspondiente a 2010, y el banco no tenía por ley que actualizar los datos hasta pasado casi un año, así que los posibles accionistas no podían saber cuál era la situación real. “Es absolutamente relevante. Si lo hubiera sabido, hubiera instado al FROB (que era el que vendía las acciones) a que lo pusiera en conocimiento de los inversores”, aseguró Tojeiro.
Pero el ajuste retroactivo que adecuó las cifras a la realidad se realizó en enero de 2012. Concretamente el 10 de enero el Banco de España publicó un balance de resultados con los nuevos datos, el 12 se hizo la compra de acciones y el 16 se conoció el estado del NCG Banco en una reunión del consejo de administración, cuando ya era demasiado tarde. Para entonces, la entidad ya incumplía con los requisitos de solvencia que se exigían y que obligaban a tener un ratio de capital en reserva del 10% (era un 8,2%).
“Nadie había pensado en un ajuste de ese calibre, era importantísimo”, protestó Tojeiro. Para el empresario, 50 millones ya habría sido una cantidad muy significativa, así que la de casi 1.600 millones cayó como una bomba.
En realidad, según el auditor Miguel Ángel Bailón, la entidad seguía siendo solvente, pero el valor de las acciones bajaba como consecuencia de la ampliación de capital y que no habría reparto de dividendos. Pero la situación general de crisis empeoró, se rebajó el valor de la cartera inmobiliaria y en julio, una nueva ampliación de capital de más de 5.000 millones dejaba al FROB como único dueño del NCG.
