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martes | 23 abril | 2024
La Diputación de A Coruña transfiere a los ayuntamientos que tengan delegada la gestión y recaudación tributaria en la institución provincial un total de 38.417.077,71 euros como anticipo a cuenta de la recaudación de impuestos estimada durante los meses de marzo, abril y mayo.
Según informa la institución provincial, la mencionada cantidad se adelanta a los municipios sin intereses y se suma a la transferencia ordinaria aprobada el pasado mes de febrero por una cuantía de 12,8 millones.
Esta orden la firmó el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, cuyo objetivo es “ayudar a mejorar la situación económica y la liquidez de los ayuntamientos coruñeses para hacer frente a sus necesidades esenciales y urgentes durante la crisis del coronavirus”.
Pretende así facilitar que los gobiernos locales afronten “gastos imprevistos” y mantengan “los pagos a empresas y proveedores”, mientras los servicios tributarios estudian la viabilidad de un nuevo adelanto si la situación actual se prolonga en el tiempo, explicó González Formoso.
Así, desde la institución afirman que, aunque la Diputación aplazó el inicio de la primera campaña de impuestos del año, que incluye el de vehículos de tracción mecánica (IVTM), los ayuntamientos dispondrán de liquidez suficiente al contar en una sola transferencia con los ingresos que les corresponderían en el próximo trimestre.
Los ayuntamientos que delegan la recaudación en la administración provincial percibirán las cantidades correspondientes al IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), IVTM, IAE (Impuesto de Actividades Económicas) y tasa de recogida de basuras hasta el final de mayo.
Medidas
Por otra parte, la Diputación de A Coruña celebró ayer una reunión telemática del Gobierno provincial, en la que los diputados repasaron las medidas aplicadas en las diferentes áreas por el Covid-19, como el aplazamiento tributario, la desinfección de lugares sensibles, la cesión de instalaciones o la ampliación del servicio de Teleasistencia para que pueda llegar a todas las personas mayores que lo precisen.
Además, el PP solicitó a la Diputación Provincial que ponga en marcha un plan para ayudar a las personas afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Rosa Gallego subrayó que la ley permite que las entidades locales puedan destinar hasta 300 millones del superávit de 2019 a financiar gastos de inversión en el área de servicios sociales y promoción social.
