Lunes 10.12.2018

Seis años de cárcel para un hostelero coruñés que defraudó 650.000 euros

El condenado dejó de abonar las cotizaciones a la Seguridad Social de 260 empleados entre 2011 y 2017

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a seis años de prisión al propietario de un restaurante que defraudó 650.000 euros a la Seguridad Social entre 2011 y 2017, periodo en el que dejó de abonar las cotizaciones correspondientes a los 260 empleados.

La Fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo de conformidad, de modo que el condenado, M.P.M., tendrá que cumplir una pena de cuatro años de prisión por un delito continuado contra la Seguridad Social y otros dos por un delito de insolvencia punible. El hostelero también tendrá que indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social con 652.000 euros y deberá pagar como multa el cuádruplo de 461.793 euros, esto es, alrededor de 1,85 millones de euros.

La Audiencia Provincial de A Coruña también ha condenado a un año y un día de prisión por un delito de insolvencia punible a CA.G.M., un empleado del restaurante que habría actuado de testaferro desde finales de 2016 y que contaba con 13 antecedentes penales.

A pesar de que la Fiscalía había pedido inicialmente tres años de prisión para él por este delito, el condenado abonó ayer 2.000 euros de los 12.000 que se le exigían en concepto de responsabilidad civil y, si ingresa los 10.000 euros restantes antes del 31 de enero de 2019, no tendrá que entrar en prisión.

A pesar de que el local regentado por el acusado se encontraba en situación de insolvencia real desde 2012, este no lo habría cerrado hasta abril de 2017, de modo que las deudas con la Seguridad Social no habrían hecho más que aumentar en dicho periodo.

El condenado, M.P.M., fue uno de los tres socios fundadores de la empresa que gestionaba el restaurante, si bien en 2013 pasó a figurar como administrador único de la misma.

Cuentas
Según recoge la sentencia, M.P.M. dejó de presentar las cuentas de la empresa ante el Registro Mercantil, de modo que ni sus acreedores ni la Seguridad Social podían tener conocimiento de su actividad real ni embargar los bienes de su titularidad. En los años que duró esta situación, el condenado omitió varios requerimientos directos de pago por parte de la Seguridad Social y, a pesar de haber solicitado un aplazamiento de la deuda en 2014, no realizó ningún ingreso ni ninguna gestión encaminada a reducirla.

En materia laboral, M.P.M. presentó en diversas ocasiones documentos de cotización de sus empleados sin ingresar las cuotas correspondientes, algunos meses ni siquiera presentó los documentos e incluso omitió mencionar a cuántos trabajadores tenía de alta.El 20 de diciembre de 2016, M.P.M. cesó como administrador único de la empresa y nombró como administrador único al condenado como testaferro, CA.G.M., quien habría recibido órdenes del antiguo propietario hasta abril de 2017, cuando se liquidó la empresa y se cerró definitivamente el establecimiento.

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