Vecinos de A Barcala se movilizarán contra la imposición del gas ciudad

Los vecinos de la urbanización A Barcala no “tiran la toalla” en su lucha contra la imposición del gas ciudad frente al propano, a pesar de que la Consellería de Industria haya rechazado el recurso impuesto por la plataforma de afectados, al igual que el recurso presentado por el Ayuntamiento, y volverán a manifestarse en la calle si es necesario.
“Tenemos que seguir peleando, hemos perdido una batalla pero no la guerra”, dice José Luis Mondragón, presidente de la plataforma vecinal, que ayer celebró una asamblea para marcar las líneas a seguir en los próximos meses.

Entre las medidas, elaborar un calendario de movilizaciones “para hacer ruido y que nos vean”, indica el portavoz, quien considera que lo que demandan “es un derecho”. “Se trata de que cada vecino pueda elegir el suministro que quiere, nada más”, apunta.

Desmantelamiento
El pasado 11 de septiembre, la consellería de Industria anunciaba en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el desmantelamiento de los depósitos de propano en la urbanización, que eran propiedad de Repsol y ahora de Gas Natural.
El Gobierno cambrés exigió a la Xunta que paralizase este proceso, porque facilita a Gas Natural imponer un tipo concreto de suministro.
El alcalde, Óscar García Patiño, lamentaba hace unos días la resolución del Ejecutivo autonómico y afirmó que los juristas del Ayuntamiento y de la Diputación están estudiando las acciones legales que se pueden llevar a cabo contra lo que califica como “práctica abusiva fruto del monopolio”.
“El Ayuntamiento siempre estará con los vecinos para defender sus derechos y denunciar lo que considera una práctica abusiva de una entidad que ejerce un monopolio en su sector”, señaló el regidor recientemente.

Desde la plataforma de afectados aseguran que el alcalde “no ha dado la cara” hasta el momento, sino que ha lanzado “buenas palabras de cara a la galería”, según José Luis Mondragón, quien añade que las administraciones “no están ayudando”.
Los afectados –más de 300 se adhirieron al contencioso presentado y participaron en la movilización del pasado 21 de septiembre– no dudan en “seguir insistiendo” para lograr hacerse fuertes ante lo que consideran “un atropello” a sus derechos como ciudadanos y consumidores.