11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
El promotor y presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), Antonio Fontenla; el constructor Manuel Gómez Landeira y el empresario Dositeo Rodríguez Gómez han comparecido este lunes en el Juzgado de lo Penal Número 4 de A Coruña acusados de un delito de alzamiento de bienes y estafa impropia en una operación inmobiliaria en Vilaboa, en el Ayuntamiento de Culleredo.
Por estos delitos, la acusación particular solicita cuatro años de prisión para cada uno de ellos. En el juicio, las defensas han pedido la libre absolución de sus clientes y, a mayores, han solicitado que los delitos se declarasen prescritos, una petición rechazada por la jueza, según ha precisado el letrado que representa a los denunciantes, Manuel Ferreiro.
En la sala se han resuelto cuestiones previas y se ha aportado documentación que debe ser revisada por Fiscalía y acusaciones. Por ello, el juicio ha sido suspendido hasta el próximo viernes día 17 de junio.
Los hechos que se les imputan a los procesados se remontan a los años 1999 y 2000 cuando 21 familias permutaron sus fincas, "sin ninguna garantía", a la empresa de Gómez Landeira por pisos que nunca se llegaron a construir, según ha explicado el abogado de la acusación.
En el año 2009, momento en que las víctimas empezaron a dar pasos para recuperar sus propiedades, Landeira obtuvo un crédito de un millón de euros de Antonio Fontenla, con la condición de devolverlo.
Pasado el tiempo, el constructor no devolvió el dinero y se produjo un embargo, por el cual Fontenla se convirtió en propietario de los terrenos que los vecinos habían permutado por obra futura con Landeira, pues los había utilizado como garantía de préstamo, de acuerdo con lo expuesto por el letrado.
INDEMNIZACIÓN DE 120.000 EUROS
Ante esta situación, en 2011 los afectados recurrieron a los tribunales por vía civil alegando una presunta estafa, donde se les reconoció el derecho a una indemnización de 120.000 euros para cada una de las víctimas.
Esta sentencia de devolución no se ha podido ejecutar hasta el momento porque el empresario Manuel Gómez Landeira se declara insolvente.
Más de dos décadas después, las familias afectadas no tienen ni los pisos ni la compensación económica. Por este motivo, dos de ellas han recurrido a la vía penal para solucionar el conflicto. Tras varios aplazamientos y una pandemia, la vista será el próximo viernes día 17 de junio.
