Donde hay patrón...

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Que un juez de Zaragoza aprecie indicios delictivos en la entonces ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, por la secreta acogida humanitaria del máximo dirigente saharaui en un hospital de Logroño, da pie al análisis de dos componentes básicos de la cuestión:


Uno, el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Y otro, la atribución de responsabilidades penales a un individuo funcionalmente integrado en un grupo que toma decisiones de forma colegiada ¿Acaso fue Arantxa González Laya la que decidió por su cuenta que, en el uso y abuso de su autoridad, Ghali entrase ilegalmente en España por el aeropuerto de Zaragoza?


El apunte primero no tiene más historia. Todos somos iguales antes la ley. Incluso los ministros, aunque estén aforados (solo pueden ser investigados ante el Tribunal Supremo), que fue el caso de la exministra, pero ya no lo es.


En ese sentido, la Justicia funciona ante un comportamiento del que se desprenden tres presuntos delitos: prevaricación, encubrimiento y falsificación de documento público, según la acusación popular, que es la promotora del llamamiento del juez, Rafael Lasala, a que la exministra comparezca ante en calidad de investigada.


Los motivos de perplejidad vienen por el segundo motivo de reflexión que propongo: la atribución de responsabilidades penales a título personal en un grupo jerarquizado donde, como en los barcos, el patrón manda y los marineros obedecen, en línea con el viejo dicho (“Donde hay patrón no manda merinero”).

Y si el barco se tambalea porque el marinero ha desplegado indebidamente una vela por orden del capitán, ¿de quién es la responsabilidad, incluso la penal?


En este punto es inevitable remitirse a la reforma del Código Penal de 2010, que introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que ha dado lugar a la figura conocida como “responsabilidad penal corporativas”.


Se me dirá que esa figura hace referencia a empresas, no a Gobiernos, pero el hecho de que estemos hablando de un órgano colegiado nos remite a la pregunta del millón: ¿Alguien puede negar que el presidente del Gobierno conoció, consintió o incluso ordenó la acogida “discreta y reservada” de Brahim Ghali, por razones humanitarias (de eso no tengo ninguna duda), a sabiendas de que era ilegal, aunque la operación la llevasen a cabo sus ministros, o los subordinados de sus ministros?


Sea dicho todo lo anterior en el plano penal del asunto. El político, con el Sahara Occidental como telón de fondo, que causó la crisis diplomática con Marruecos (recuérdese la avalancha migratoria, a modo de represalia, sobre la frontera de Ceuta en mayo), es harina de otro costal y da para otro comentario.

Donde hay patrón...