Betanzos rechaza la solicitud de compensación de Axuda no Fogar por la incidencia del covid-19

El Ayuntamiento de Betanzos rechazará la solicitud de la empresa concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en la que reclama, por desequilibrio económico del contrato, 16.236 euros en relación los meses de marzo, abril y mayo del pasado año en contraprestación a la reducción de usuarios que tuvo la empresa por el estado de alarma decretado en España y confinamiento durante ese periodo de 2020.

El Gobierno de María Barral considera que “estas variacións do servizo (por exemplo, situacións de altas e baixas) deben de ser asumidas como parte do risco e ventura que se asume pola concesionaria” y, en este sentido, señala que el municipio siguió las directrices de la Xunta en cuanto a que “los usuarios del servicio de ayuda a domicilio que quieran suspender el mismo voluntariamente por la duración del estado de alarma, pueden hacerlo y deben ser informados de que dicha suspensión no afectará a sus derechos, pudiendo reanudar el servicio cuando lo consideren apropiado, siempre y cuando se mantenga esta situación”, explican desde Betanzos. Una decisión con la que la empresa considera que incumple el pliego de condiciones del servicio del SAF.

La concesionaria mantiene que desde la adjudicación del contrato se produjo una alteración de las condiciones iniciales de contratación como consecuencia de las medidas adoptadas por la administración que causaron una imprevisible baja de usuarios del servicio con un desequilibrio económico del contrato a raíz de la crisis sanitaria, que implicó la adopción de medidas administrativas que incidieron en la suspensión del servicio por parte de los usuarios del SAF.

Así, los servicios técnicos municipales entienden que no se dan las condiciones de compensación, y la reclamación de la empresa no se ajusta a ninguno de los supuestos previstos en el real decreto de “medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do coronavirus, no que se establecen as medidas en materia de contratación pública para paliar as consecuencias do covid-19.