9º-15º
miércoles | 24 abril | 2024
La Fiscalía provincial ha abierto una investigación al encontrar indicios de posible delito en actuaciones llevadas a cabo por Federico de la Fuente durante su etapa como presidente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de A Coruña. El ministerio público, dentro de las diligencias de investigación penal número 33/2012, se ha dirigido al Ayuntamiento solicitando una copia auténtica del expediente incoado contra el funcionario y un informe de si es o era titular de una cuenta concreta abierta en la Caixa de Cataluña.
La actuación de la Fiscalía viene dada por el traslado que en su día le hicieron los servicios jurídicos del Ayuntamiento, al encontrar indicios de conductas constitutivas de delito.
expediente disciplinario
Los hechos se remontan al verano de 2011. Por una serie de coincidencias, el Ayuntamiento sospecha que Federico de la Fuente persistía en el uso para fines no autorizados de la ambulancia de Protección Civil.
La ambulancia se usaba para servicios a empresas privadas fuera de A Coruña
Las averiguaciones emprendidas en María Pita concluyen, entre otras cosas que efectivamente la ambulancia se utilizaba para servicios no autorizados y expresamente prohibidos, como asistencias a galerías de tiro fuera del término municipal o servicios para empresas privadas, algunas de ellas de seguridad.
Un paso más en la investigación reveló que para estos servicios al margen de la ley y de cualquier control del Ayuntamiento, De la Fuente recurría a voluntarios de la propia agrupación, cobraba dichos servicios e ingresaba el dinero en una cuenta corriente, según parece particular, ya que no figura en los estados contables ni de la agrupación ni de ningún otro departamento del Ayuntamiento.
Con los hechos constatados, el servicio jurídico del Ayuntamiento abrió un expediente disciplinario en el que se recabaron informes testimoniales del propio afectado y su entorno, y documentación de distintas entidades. Los instructores del expediente apreciaron diversas conductas tipificadas como faltas del Estatuto Básico del empleado público, tales como inasistencias injustificadas al servicio, desplazamientos no autorizados para impartir cursos en horario de trabajo e incluso uso particular de vehículos públicos.
También se apreciaron desobediencias de órdenes directas y una firma de un convenio que contravenía le decreto del alcalde. Por todo ello el expediente, que se encuentra en fase de finalización, podría acarrear una suspensión de funciones (empleo y sueldo) de hasta un máximo de tres meses.
MÁS GRAVE
Pero el expediente disciplinario concluye hechos de mayor gravedad. Tanto, que los servicios jurídicos cursaron denuncia a la Fiscalía, que ahora toma partido.
El análisis de los documentos solicitados por el ministerio público determinará si De la Fuente es imputado. n
