Los empleados públicos gallegos recuperarán la paga extra de Navidad suprimida este año en ejercicios futuros, en el marco de la Ley de Disciplina y Sostenibilidad Presupuestaria, según el proyecto de ley aprobado ayer en Consello Extraordinario da Xunta y en el que se aprobó además que la recuperación de esta paga se haga directamente en la nómina de cada trabajador.
Sin embargo, en el caso de los empleados estatales la recuperación de la paga de diciembre se hará a través de los planes de pensiones.
El Ejecutivo gallego aprobó también modificar la ley actual de presupuestos para adaptarla al Real Decreto Ley 20/2012, el de los últimos recortes del Gobierno central, por el que se hace efectiva la supresión de dicha paga extra. En los presupuestos gallegos además se contempla la rebaja del 7,1% del salario de los miembros del Gobierno gallego, que al carecer de extra se redujeron así la nómina en la misma cantidad que los funcionarios.
Además, la rebaja salarial de las retribuciones se aplicará en el mismo porcentaje a los altos cargos y a directivos y personal de las entidades de la Administración instrumental.
Con esta nueva disminución de retribuciones, el presidente del Ejecutivo gallego acumula en lo que va de legislatura un descenso del salario del 22%, mientras que los conselleiros los verán rebajados en un 17% en relación con el anterior Gobierno. Secretarios xerais, directores xerais, delegados territoriales y asimilados sufrirán una rebaja del 15%.
altos directivos
La rebaja para los directivos de las entidades de la Administración se suma a la reciente disminución en un 9% de sus retribuciones como consecuencia de la aplicación de la ley de medidas temporales en materia de empleo público, por la que ninguno puede tener un salario fijo más alto que el presidente gallego, una norma que también suspende el complemento de los exaltos cargos.
La Xunta pretende, además, reducir el número de altos cargos de personal de gabinete al servicio de la administración, medida con la que ahorrará en la legislatura actual casi 30 millones.
Por otra parte, el proyecto de ley equipara a los empleados públicos adscritos a los regímenes especiales de seguridad social del mutualismo con los del régimen general en la modulación de la regulación de las incapacidades temporales con el fin de evitar un trato desigual entre empleados públicos. n
