9º-15º
miércoles | 24 abril | 2024
El gobierno local ha conseguido que las dos federaciones de vecinos respalden su iniciativa en el caso de la ocupación del Residencial Finisterre por parte de antiguos chabolistas de Penamoa. Se trata de un éxito de la diplomacia local, porque ambas federaciones son rivales y rara vez se ponen de acuerdo, pero ayer la presidenta de la federación mayoritaria, Luisa Varela, y la de Salvador de Madariaga, Juan Chas, salieron de la reunión con el teniente de alcalde, Julio Flores, con la certeza de que deben apoyar las medidas que han tomado en María Pita, en un encuentro en el que también estuvieron presentes la presidenta de la asociación de vecinos de O Ventorrillo, Rosa Barreiro, y representantes de los empresarios del polígono de A Grela.
Estas medidas se centran de momento a la entrega de un informe el jueves pasado en el juzgado número 2 en el que explican a la jueza responsable cuál es la situación existente en el edificio situado en A Silva, donde desde hace una semana. Varela aclara que \“para el ciudadano resulta difícil de entender, pero hay muy poco que el Ayuntamiento pueda hacer en este caso, igual que la Policía Nacional o Local, es un asunto de los juzgados\”. De ahí que piense que, al enviar un informe elaborado por la Unidad de Chabolismo en la que se advierte a la titular del juzgado número dos de que existe el peligro de que los clanes gitanos instalados ahora en el edificio de la avenida de Finisterre que \“han estado vinculadas presuntamente al tráfico de estupefacientes\” puedan retomar estas actividades delictivas\”.
También hubo otra reunión, ésta entre los partidos de la oposición, en la que participaron Mar Barcón por el PSOE, César Santiso por IU, y María Xosé Bravo por el BNG, en la que se trató el mismo tema.
Los chabolistas reconvertidos en okupas, que son varias docenas, aseguran que quieren empezar de nuevo y que echarán a cualquiera que trafique, pero Varela comparte los recelos del Ayuntamiento. \“Son personas problemáticas, casi todos con antecedentes penales: no tienen un historial bonito\”. Todos esperan que la jueza tome nota de la alarma social que, según el informe, ha generado en la zona la aparición de estos nuevos vecinos, para dictar una orden de desalojo por vía de urgencia que podría poner fin a la ocupación en un plazo breve.
De seguir el trámite ordinario, la situación podría demorarse durante años. \“La decisión es de la jueza –recalcó Flores– y no sabemos cuánto puede tardar en tomarla, pero esperamos que se dé cuenta de la preocupación de los vecinos\”. El portavoz del Ayuntamiento asegura que se temen posibles problemas de orden público si no se actúa de inmediato.
En la reunión apenas se mencionó a los primeros en instalarse en el edificio paralizado, hace dos meses. Se trata de una docena de jóvenes \“okupas\” que llegaron y se instalaron sin que el vecindario apenas reparara en ellos. En cambio, los antiguos chabolistas traen consigo la sospecha del narcotráfico y la posibilidad de que la zona, hasta ahora muy tranquila, se convierta en el nuevo epicentro de la marginalidad y la delincuencia en A Coruña.
