Pronto le llegará el turno al Tribunal Constitucional

la jugada urdida desde La Moncloa para rebajar el nivel de consenso necesario para renovar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial va, de facto, a permitir al Ejecutivo controlar este órgano hasta un extremo hasta ahora inaudito. En total, el Gobierno controlará a 17 de los 21 miembros, lo que le permitirá, si el Constitucional ante los más que esperados recursos no lo impide, tener una legislatura cómoda, al menos en los posibles conflictos judiciales en los que se vea envuelto, como el caso Dina, que está ya en el Supremo. La cosa es que parece que Sánchez se ha animado con esta posibilidad y está buscando una fórmula similar que aplicar también en la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional, que tiene desde noviembre de 2019 pendiente el cambio de cuatro magistrados, incluido su presidente, Juan José González Rivas. Es de suponer que, de nuevo, buscará una proposición de ley que, además, le permite evitar tener que someter su decisión al análisis de los órganos del Estado encargados de velar por la legalidad de las decisiones gubernamentales. FOTO: José González Rivas | efe