TABACO

Las modificaciones relativas al impuesto sobre el tabaco que publicó el BOE se han traducido ya en una subida generalizada del precio de las cajetillas. Los cambios en la fiscalidad del tabaco que anunció Cristóbal Montoro se han traducido en una subida del 49,6 del impuesto específico y en una bajada del 3,5% del impuesto “ad valorem”, lo que eleva más la tributación que soporta el tabaco, el producto más gravado en nuestro país.

Las cuatro quintas partes del precio de venta de una cajetilla son impuestos. La reordenación de la fiscalidad del tabaco se ha plasmado en una subida del impuesto específico desde 12,70 euros por cada mil cigarrillos hasta 19 euros y en una rebaja del impuesto “ad valorem” (el proporcional) desde el 57% del precio de venta al público hasta el 55%. El incremento del primero supone elevar la imposición de la cajetilla desde 0,254 euros a 0,38. El descenso de dos puntos porcentuales en el impuesto proporcional supone rebajar la imposición de una cajetilla que cuesta 3,75 euros en 0,075 euros, desde 2,137 euros a 2,062. La consecuencia de esta modificación es una subida del precio de las cajetillas de entre 20 y 30 céntimos.

Estos días ya se puede plasmar el incremento. En la anterior ocasión que el Gobierno subió el impuesto específico (de 10,2 a 12,7 euros) los fabricantes subieron los precios hasta 40 céntimos. Una cajetilla de Winston, la marca más vendida del mercado en enero (27,29 millones de cajetillas) pasa a costar entre 4,05 y 4,15 euros; la de Marlboro, la segunda favorita de los fumadores, entre 4,45 y 4,55 euros; la de Fortuna, entre 4,05 y 4,15 y la de Ducados Negro, entre 4,15 y 4,25 euros.

La decisión final queda en manos de la estrategia comercial de cada fabricante, toda vez que el Gobierno no ha tocado el impuesto mínimo, que “impedía” que se pudieran comercializar cajetillas por debajo de 3,65 euros sin incurrir en pérdidas. Muchos no entienden las razones por las que el Gobierno no ha tocado el impuesto mínimo que obliga a que cualquier cajetilla tenga que pagar al menos 2,338 euros de impuestos por la suma del específico y “ad valorem” con independencia del precio al que el fabricante quiera comercializar. Se teme que, al contrario de lo que se persigue, la subida impositiva favorezca el contrabando y reduzca los ingresos fiscales del Estado por este concepto.