LLAMAR A LAS COSAS POR SU NOMBRE

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Reconocer que las últimas elecciones municipales y autonómicas celebradas en España constituyeron un fracaso, sin paliativos, del partido en el Gobierno por la pérdida de dos millones y medio de votos y la mayor parte de su poder autonómico, es ponerse en el buen camino si se quiere rectificar y corregir el rumbo. No cabe duda que lo peor de un político no es incurrir en el error; lo peor es no reconocerlo para tratar de corregirlo y rectificarlo.
Muchos analistas, de distintas tendencias, coincidían en reconocer que muchas de las medidas de austeridad y ajuste que se estaban aplicando por el Gobierno, recaían, principalmente y no de manera equitativa, sobre aquellos sectores de la sociedad más débiles y vulnerables, los que, a la larga, acabarían por pasarle factura al partido en el poder.
La crisis estaba afectando, de manera muy injusta y desigual, a la población de ingresos más bajos y fijos, frente a los grandes sueldos o prebendas de la clase dirigente y su clientela. Todo ello, con el fenómeno añadido de la corrupción que siempre encuentra su mejor caldo de cultivo en las crisis económicas y estados de necesidad. Todo ello, es lógico que haya provocado la justa indignación de los ciudadanos en sus políticos e instituciones.
Si la brecha de la desigualdad social y el abismo entre ricos y pobres se hace, cada vez, más profunda, no nos puede extrañar la aparición en la vida pública de nuevas formaciones políticas que han sabido interpretar mejor, recoger y canalizar la justa indignación de la ciudadanía que, habiendo sufrido en mayor medida el impacto negativo de la crisis, reivindica ahora la justa reparación social y económica que le corresponde y merece.
Un gobierno con mayoría que no ha gobernado para la mayoría  se “suicida políticamente”.
Si el gobierno que tiene mayoría cree que puede ampararse en ese caudal de confianza para castigar a sus electores naturales, pensando que son “masoquistas”, es decir, que aceptan felices y dichosos cuantas medidas se les impongan por perjudiciales que sean y graves agravios comparativos que contengan, no sólo abusa de su confianza sino que la defrauda y traiciona.
Los hechos son tozudos y obliga a llamar a las cosas por su nombre. Por ello, la población no acierta a comprender cómo el Gobierno califica de “medias impopulares” para salir de la crisis, las que, indudablemente, han sido “medidas antisociales”.
Reconocer el impacto que las medidas de austeridad y ajuste produjo desigualmente en los distintos sectores sociales, nos pone de relieve que, la recuperación económica y el no reconocimiento de la misma, a efectos electorales, lejos de ser una contradicción, es el efecto producido por la injusta distribución de la carga de la crisis sobre la población. Los electores castigados por la crisis y decepcionados por las desproporcionales  medidas que se les aplicaron para superarla, difícilmente, devolverán la confianza a los dirigentes políticos que les defraudaron.

 

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