Un Estado residual
No sé si el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no se habrá metido en camisa de once varas, pero su reciente pronunciamiento sobre la improcedencia de haber traspasado a las comunidades autónomas determinadas competencias básicas no ha ido muy descaminado. A su juicio, un Estado que no cuente con un núcleo sólido de atribuciones en materia de Justicia, Sanidad y Educación difícilmente podrá funcionar como es debido.
Como recuerdan los expertos en la materia, el constituyente español no quiso definir claramente el modelo de Estado por el que apostaba, sino que adoptó un criterio movedizo. Al final, y aunque algunos aseguran que España es una federación en todo menos en el nombre, lo cierto es que, como también ha señalado el fiscal Torres-Dulce, con el modelo autonómico nos hemos quedado a medio camino; esto es, con los inconvenientes de un Estado federal, pero con ninguna de sus ventajas.
Y ello, aquí, con una peculiaridad añadida: con la existencia de unos partidos nacionalistas que, además de haber desplegado una fuerte dinámica propia en sus territorios, han terminado por permeabilizar todo el funcionamiento del sistema territorial.
Unos partidos con insaciable voracidad competencial, que han reivindicado sin tregua la reacomodación permanente del modelo autonómico y que han sido emulados por las principales formaciones, especialmente durante la llamada “segunda descentralización” que siguió a la aprobación del nuevo Estatuto catalán.
Así, hemos alumbrado un Estado casi sin territorio propio para ejercer sus funciones, reducido a poco más que a simple observador de las comunidades autónomas, fagocitado por éstas y con una escasa capacidad para articular políticas comunes. Un Estado residual que ha quedado reducido a la impotencia en áreas trascendentales. Por fortuna, con el sometimiento de todas las Administraciones a la disciplina presupuestaria el Gobierno de Mariano Rajoy ha roto en alguna manera tal desestabilizadora dinámica.
En este sentido, recordaba hace unos días el ministro Wert que los 1.325 millones de euros que Educación dedica este curso a becas y ayudas generales, tanto en el nivel universitario como en los demás, consumían el 66 por ciento del presupuesto educativo del departamento. Es decir, que en dicho ámbito todo un Ministerio de la importancia como el que nos ocupa venía a ser poco más que un repartidor de dineros. Y si hablamos de inversiones, lo que en los presupuestos generales viene a quedar a la Administración central para realizar políticas activas equivale a sólo un 5 por cinco por ciento del PIB.
Así las cosas, nuestro sistema autonómico tiene que resultar completamente disfuncional, amén de económicamente insostenible. Su reforma se presenta, pues, tan imprescindible y profunda como titánico ha de resultar el esfuerzo por revisar lo andado.