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La semana pasada pudimos saber que la Audiencia Nacional admitió a trámite una querella contra cinco exdirectivos de Caixa Nova y Caixa Galicia. Se les acusa de un delito de administración desleal o, alternativamente, de otro de apropiación indebida. La justicia dirá si son culpables o no. Pero independientemente del respeto que se debe tener por la presunción de inocencia, los hechos que dan pie a la querella presentada por la Fiscalía son, como mínimo, impresentables.

Así, no es de recibo que estos señores, al más puro estilo Juan Palomo, acordasen entre ellos y sin rendir cuentas a nadie unas mejoras en sus contratos de alta dirección para asegurarse prejubilaciones de oro en el caso de tener que dejar sus cargos. Algo más que previsible, ya que dirigían entidades que se iban a fusionar. Hablamos de cantidades obscenas. Unos 18,9 millones de euros, de los cuales 7,89 podrían haber sido cobrados irregularmente. Un pelotazo en toda regla que denota una absoluta falta de escrúpulos. Y más si tenemos en cuenta que estos personajes conocían perfectamente, la situación extremadamente delicada que atravesaban sus empresas.

Pero lo más cochambroso de todo esto es que se trata de entidades a las que hubo que inyectar dinero público para hacerlas viables y, por eso, cabrea especialmente que parte de esa cantidad se haya destinado a pagar este tipo de “mordidas”. En definitiva, aunque ya sabemos que no queda otra que ayudar a los bancos si queremos que el crédito vuelva a fluir, no podemos ni debemos hacerlo a cualquier precio. Tenemos derecho a exigir que se ponga fin a la barra libre, al abuso y al descontrol. Es nuestro dinero.