En socorro de las comunidades autónomas

Decía hace poco el presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, que “o gran inimigo do Goberno da dereita é o Estado das autonomías”. Y lo decía incluso días después de que ese mismo “Goberno da dereita” aprobara y presentara en el Congreso para su convalidación un decreto-ley sobre medidas de liquidez para las Administraciones públicas, una de cuyas principales novedades es la creación de un fondo de hasta 18.000 millones de euros –casi tres billones de pesetas– que se prestaría a los Gobiernos regionales interesados para cubrir sus necesidades de tesorería.

La medida viene a sumarse a otras adoptadas en la misma línea de asistencia a las comunidades autónomas, prácticamente todas ellas sumidas en enormes dificultades económicas no ya para atender los vencimientos de deuda pendientes de aquí a finales de año –cerca de 16.000 millones de euros o dos billones muy largos de pesetas–, sino incluso para pagar ya nóminas y otros gastos ordinarios.

Primero fueron –cabe recordar– los anticipos derivados del propio sistema de financiación. Después, la ampliación del periodo de devolución de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009. Más tarde, un par de mecanismos extraordinarios de financiación, como el fondo de pago a proveedores. Y todo ello, dentro de la reiterada manifestación gubernamental de “no dejar caer a ninguna comunidad por falta de liquidez”.

Que la puesta en marcha de tal fondo autonómico era y es necesaria lo demuestra el hecho de la presteza con que al mismo se han apuntado varias comunidades, como Valencia, a la que el “amigo” y largamente sostenido “Paco” (Camps) dejó a los pies de los caballos, y hasta la gran Cataluña, destacado líder en el ranking de deudas varias, a la que no le ha quedado más remedio que pedir financiación a esa España de sus dolores que tantas desgracias dice le acarrea.

Da, pues, la impresión de que en la presente circunstancia el señor Gómez Besteiro ha hablado a humo de pajas. Le ha sucedido como a esos otros que no se leen el Boletín Oficial del Estado y luego culpaban al Gobierno de sus ignorancias.

Y tan a la ligera o tan sectariamente ha hablado que incluso ha llegado a cuestionar –él que es presidente de Diputación– el reforzamiento de las corporaciones provinciales que proyecta el Gobierno de la nación, muy en línea, por cierto, con lo que él mismo propone. Claro, que también habría que pedirle que al menos se ponga de acuerdo con su jefe de filas. Porque mientras el señor Pérez Rubalcaba dice que las Diputaciones son “contrarias a una democracia sana” y apuesta por su eliminación, él no está precisamente por esa labor.