REVISIÓN

Los atentados yihadistas de la semana pasada en Paris nos deben servir para algo. Dos de los tres terroristas fallecidos tenían antecedentes penales. Uno de ellos apenas estuvo año y medio en prisión sobre los cinco años de condena final. El otro había estado en prisión preventiva. Este hecho nos debe hacer reflexionar sobre la vulnerabilidad de nuestra legislación penal y penitenciaria. Un fenómeno similar ocurre en España en relación con condenados por delitos de violación y secuestro de menores. No cumplen la totalidad de su condena y el porcentaje de reincidencia es elevado. Y qué decir del porcentaje de etarras que una vez en la calle han vuelto a tomar las armas y se han ido a la clandestinidad. Sin duda alguna, las democracias europeas deben rectificar la orientación de sus políticas legislativas penales.
Volviendo al tema francés, cabe señalar que las mentes dirigentes del terrorismo islamista ven en nuestras legislaciones síntomas de debilidad y por eso se aprovechan de nuestro sistema de derecho para hacernos daño. Toda vez que la amenaza es internacional, la respuesta ha de ser también internacional. Estimo que sería adecuado que los principales Estados europeos unificasen su legislación penal y penitenciaria para combatir el fenómeno del terrorismo religioso. Descartando, por inútil, la instauración de la pena de muerte, pues al que está dispuesto a morir matando no le disuade en absoluto la idea de la pena capital; sin embargo sí debemos, al menos plantearnos dialécticamente, la instauración de la cadena perpetua para los delitos de terrorismo religioso. Los problemas constitucionales que podrían derivarse de la incorporación de este tipo de pena a nuestros ordenamientos jurídicos podrían resolverse con previos cambios constitucionales. ¿No dicen algunos que la Constitución del 78 se puede reformar para otras cosas? Pues reformemos entonces. El endurecimiento de las penas y el mayor control de la política de reinserción no son medidas que tengan éxito por sí solas. Deben ir acompañadas de otras políticas preventivas, educativas y de integración, como ya se ha venido haciendo en Francia. Mientras la respuesta penal tiene efectos a corto plazo, las otras medidas tienen éxito a medio y largo plazo. Pero ambas deben ir de la mano.