POPULAR Y PASTOR

Al igual que los Dióscuros, Cástor y Pólux, la firmas Popular y Pastor ya están condenadas a entenderse, marchar juntas y apencar con lo que les venga, siempre del bracete. Se trata en todo caso de generar 2.486 millones de euros y de encajar el impacto del Pastor.

Pero el asunto merece una explicación, sobre todo para los intereses de los gallegos, en general, y coruñeses, en particular. El tema está como sigue: la entidad que preside Ángel Ron alberga en su balance 1.760 millones en suelo, 593 millones en vivienda terminada y 194 más en obras sin finalizar. Afrontar su cobertura exige 3.450 millones. De ellos, 850 millones corresponden a déficit de capital que serían cubiertos con los 2.200 millones de excedentes del banco, con los que también se alcanzaría el 9% del TIER 1 exigido.

A la hora de reunir los 2.600 millones de provisiones pendientes, el Popular cuenta con generar un margen de explotación de 2.000 millones, utilizar los 114 millones de provisión genérica, y lograr 500 millones de plusvalías.

El impacto neto queda en 2.486 millones. El banco, sin embargo, no ha detallado cuál sería el coste de sanear el Pastor, pese a que la fusión se inició hace meses. Aunque el Popular ha saneado 1.580 millones contra patrimonio en la fusión (y prevé además reforzar capital con la emisión de 700 millones en bonos convertibles) es previsible que la reforma financiera eleve el coste previsto. Con todo, el Popular asegura que culminará el saneamiento en 2012. En pocas palabras, se podría decir que los grandes bancos hacen antes los deberes. Los bancos se apoyan en los excedentes de capital y la generación de recursos para cumplir en 2012.

La factura que arrojan las nuevas exigencias de saneamiento inmobiliario impuestas por el Gobierno es por regla general más elevada cuantitativamente para los bancos que para las cajas.

Sin embargo, pese a su fuerte exposición al riesgo del ladrillo, la fortaleza de sus cuentas permitirá a los bancos afrontar más holgadamente la nueva barrera de provisiones, que Economía ha subido al 80% para el suelo, al 65% para las promociones a medio construir y al 35% para la vivienda terminada.

Por primera vez, además, se penalizan los préstamos concedidos al sector inmobiliario, sean o no dudosos, a fin de limitar futuras depreciaciones.