UNA REFORMA ACOTADA DE LA CONSTITUCIÓN

Que la Constitución del 78 precisa una reforma es algo en lo que coincide prácticamente todo el mundo. Que no es este el momento mejor para abrir una causa general contra ella, tampoco suscitaría –creo– excesivas discrepancias. Y que entre todas las grandes cuestiones necesitadas de revisión la que más urge es la referida al Título VIII y más en concreto a la distribución de competencias, no debería igualmente originar mayores controversias.
Aun acotada en estos términos la eventual reforma, no faltarían voces que con toda razón reivindicaran para ella un alto grado de consenso. Lo destacable es que no debería resultar tan difícil como parece llegar a tal grado de acuerdo entre PP y PSOE; es decir, los dos grandes partidos que conforman el 84,5 por ciento del Congreso de los Diputados. Este porcentaje se sitúa muy próximo al de votos afirmativos registrados en el referéndum de ahora hace treinta y cinco años.
El PP es más que reacio a plantear una reforma constitucional por el miedo que le tiene –con crisis y sin crisis– al debate político que se abriría. Pero de todas formas, en el programa electoral último habla de promover un gran pacto nacional con el objetivo, entre otros, de “delimitar con precisión el marco competencial de las distintas administraciones, recuperar el valor normativo de la Constitución y el pleno respeto a las leyes”. No veo cómo se podría llegar por lo derecho a tal empeño si no es con una reforma, aunque acotada, de la Constitución.
Por su parte, el Partido Socialista en este punto se ha mostrado más receptivo a tal reforma. Sin ir más lejos, en el documento “Hacia una estructura federal del Estado” y en la consecuente “Declaración de Granada” –julio de este año–, después de loar las excelencias del sistema autonómico vigente, señala que éste “sigue mostrando problemas de desarrollo que no hemos sido capaces de resolver todavía”.
Y entre ellos, le dedica un párrafo al “confuso y conflictivo” reparto de competencias establecido en la Constitución y en los Estatutos de autonomía como “fuente inacabada de conflictos y de confusión”. Ello ha generado –añade– “una formulación demasiado abierta y nada clarificada en sus conceptos, origen de solapamientos, ineficiencias y de una pugna interminable entre los poderes territoriales, lo que requiere hoy una profunda revisión y una actualización urgente”.
Pero así como PP y PSOE se pusieron rápidamente de acuerdo en la reforma para la estabilidad presupuestaria de hace un par de años –bien es cierto que urgidos desde fuera, no se entiende mucho que ahora, siendo así las cosas, al menos en este nudo gordiano del sistema no sea posible un consenso similar. Al menos habrían de intentarlo.