Reforma imposible

Después de haber escuchado el jueves al presidente del Gobierno parece claro que eso de la reforma de la Constitución no sólo no está entre sus prioridades, sino que no está ni en su cabeza. Tiene razón, no obstante, Mariano Rajoy cuando dice que, de acometerse, debería responder a tres criterios: tener muy claro su objetivo, contar con un amplio consenso y ser oportuna. Parece evidente que tal vez el primero de ellos sería posible, pero no así los otros dos.

Decía también el presidente que la Constitución de 1978 está plenamente vigente. Sí, desde el punto de vista formal, pero desde otras perspectivas, manifiestamente no. Por eso tendría su razón de ser ponerse manos a la obra, al menos que queramos dejar al Tribunal Constitucional y a su peligrosa doctrina de la ”interpretación evolutiva” la tarea de ir adaptando la ley de leyes a la realidad cambiante de los tiempos en curso.

Abrir el melón de una reforma amplia de la Constitución está fuera de lugar en estos tiempos de terrible crisis. No sería el momento. Entre otras razones porque, a la vista de que nuestra carta magna es constitucionalmente revisable de la “a” a la “zeta”, volverían sin duda a ponerse en discusión a corazón abierto las tres grandes cuestiones que este país aún no ha superado: la forma de Estado (monarquía o república); la cuestión religiosa (presencia del hecho religioso en el ámbito público) y la cuestión territorial (unidad y diversidad).

No está el tiempo económico y social, como digo, para estos bollos ni habría consenso para ello. Ya vemos cómo el Partido Socialista es incapaz de llegar pactos o acuerdos en leyes ordinarias y básicas, como para pedirle esfuerzos mayores. Y así mismo vemos cómo los grandes y clásicos partidos nacionalistas están en otra cosa: en los extramuros del sistema constitucional vigente.

No quedaría, pues, otra alternativa que ir a reforma o reformas parciales. Y aquí es donde la reconsideración del modelo territorial, del Estado de las autonomías, aparece como más inaplazable. Un sistema que, de acuerdo con el último barómetro del CIS, sigue siendo aceptado por la opinión pública, pero que necesita un abordaje urgente y en profundidad. Se trataría de una reforma que clarificara y reordenara el galimatías del reparto de competencias; que cerrara de una vez por todas el proceso de transferencias; que reforzara el poder del Estado como poder superior garante de una igualdad básica para todos, y que alumbrara un sistema políticamente funcional y económicamente viable.

Sería esta una reforma razonable y necesaria. Pero no creo que, aun así, esté por la labor el Partido Socialista, desarticulado interiormente como está y maximalista siempre en sus planteamientos. En consecuencia, mucho me temo que hasta que escampe habrá que seguir apañándose como buenamente se pueda.

Reforma imposible

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