ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA

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España ha pasado de ser el Estado menos restrictivo en materia de asistencia sanitaria, pues exigía únicamente un requisito de residencia (empadronamiento) como vía de acceso a la sanidad pública en condiciones de igualdad, a situarse en el grupo de países que más limitan el acceso, como sucede en Alemania, Polonia, el Reino Unido o Rumania.  La realidad es que la cifra de extranjeros que residen ilegalmente en España asciende aproximadamente a 460.000 personas.
Desde el 1 de septiembre de 2.012, fecha en que entró en vigor la necesidad de acreditar la condición de asegurado, la asistencia sanitaria pública dejó de configurarse como un derecho universal, para reconocerla con carácter general solo a los asegurados y sus beneficiarios, con las restricciones establecidas en los reglamentos comunitarios y convenios bilaterales de la seguridad social. Estas situaciones provocan que miles de inmigrantes queden sin derecho a la asistencia sanitaria, a pesar de que desde 1999 la financiación de la sanidad pública no proviene solo de las cotizaciones de los afiliados a la Seguridad Social, sino de los impuestos de los ciudadanos.
Tras los últimos cambios, todos los países de la UE poseen normas que limitan el acceso a la sanidad pública gratuita a los inmigrantes en situación irregular, pese a que en España hay un propósito declarado por varias autonomías de seguir prestando asistencia sanitaria a esos inmigrantes. Hay que pensar que el mantenimiento de los servicios públicos de salud es lo que más preocupa a los ciudadanos, porque afecta a toda la población, con independencia de su raza, sexo, condición económica, social, laboral, residencia, etc

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