¿PARA ESO LES PAGAMOS?

Los resultados de nuestro sistema educativo son aterradores. Tenemos una tasa de abandono escolar del 24,9 por ciento, casi el doble que la de la Unión Europea, un porcentaje de chicos que ni estudian ni trabajan –los ninis– del 23,7 por ciento y el mayor índice de paro juvenil, que algo tendrá que ver con la formación.
Con estos datos, que nos sitúan a la cola de los informes PISA y de los países de la OCDE, parece claro que el modelo educativo no alcanza sus objetivos y, por tanto, también parece claro que el Gobierno estaba obligado a emprender algún tipo de reforma de la enseñanza. Y la respuesta llegó con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa –Lomce– que, nada más nacer como proyecto, cosechó el rechazo de la oposición y de los sindicatos, que se encargaron de movilizar en su contra a gran parte de la comunidad educativa.
Es curioso que los mayores rechazos a la nueva ley se fundamenten en la recuperación de la asignatura de Religión, que se interpreta como una vuelta al estado confesional; en una supuesta relegación de la enseñanza pública, que moviliza a muchos manifestantes; y en la cuestión de los idiomas vernáculos y la invasión de competencias, que solivianta a los nacionalistas. Pero nadie cuestionó su capacidad para formar a los escolares y, por tanto, para mejorar la calidad del sistema educativo
Por eso, la Lomce debería contar al menos con el beneficio de la duda y merecía ser analizada por el Gobierno, la oposición, los sindicatos y la comunidad educativa para enriquecerla reforzando sus fortalezas, que algunas tiene, y corrigiendo sus debilidades, que también son muchas, hasta alcanzar un consenso en materia educativa. Las distancias en las cuestiones fundamentales no parecen muchas.
Pero la gran debilidad de esta ley es ser una criatura del Partido Popular. Da la impresión que la izquierda se otorga la exclusiva reformista en materia educativa –de hecho todas las leyes anteriores fueron implantadas por los socialistas– y tacha de “reaccionaria” cualquier iniciativa de la derecha. Por eso, esta ley durará el tiempo que los populares estén en el poder.
A falta del trámite parlamentario, es lo que hay. Para desconcierto de la comunidad educativa –profesores, alumnos y padres– y para desgracia del país, cuya educación seguirá en el furgón de cola, nace una la séptima reforma de la enseñanza sin que los políticos sean capaces de alcanzar un acuerdo en esta materia de capital importancia para el futuro del país. ¿Para eso les pagamos?