Vacaciones pagadas

medios de comunicación y redes sociales arden tratando de desentrañar la casuística del decreto 10/2020 aprobado por el gobierno reunido en sesión extraordinaria el domingo pasado. Se refiere a la regulación del “permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de servicios no esenciales”.
Es literatura propia del BOE. Nos deja discutiendo sobre lo que es o no es esencial, los desplazamientos permitidos y no permitidos, en un intento mal explicado de reducir aún más la movilidad, a la luz de un delicado punto medio entre las dos grandes exigencias del “mando único”. Una, salvar vidas sin que se pierdan muchos puestos de trabajo. Otra, preservar los puestos de trabajo pero sin arriesgar vidas humanas.
Tiempo de abogados laboralistas. El decreto sobre “prohibición” de despidos y esta nueva vuelta de tuerca al confinamiento de los ciudadanos deja en un mar de dudas a los trabajadores (“personas trabajadoras”, en lenguaje de la ministra de Trabajo, militante de Podemos) sobre su inmediato futuro. Si no prestan servicios esenciales, necesitan desplazarse (construcción, por ejemplo) y no estaban afectados por el estado de alarma, entran en un periodo de vacaciones pagadas. Hasta el 9 de abril y bajo compromiso de recuperar las horas perdidas durante los próximos doce días. Según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será como un largo fin de semana o un domingo permanente.
Se espera que para entonces se habrá aplanado la maldita curva de Fernando Simón. En ese sentido los últimos datos conocidos (“notificados”, que diría el chico de la curva) ya han empezado a dar señales de desaceleración. Incluidos los ingresos en las UCI, que siguen aumentando, aunque en porcentajes decrecientes de aumento. Aun así, la acumulación de pacientes está poniendo en peligro la capacidad de este servicio hospitalario. Y para que no llegue a la saturación, como ya ha ocurrido en seis comunidades autónomas, mientras en otras tres está a punto de ocurrir, el “mando único” ha decidido esta nueva vuelta de tuerca a la movilidad del pueblo soberano.
Al menos tenemos el consuelo moral de haber comprobado que el Gobierno mantiene el objetivo de salvar vidas humanas como prioridad de prioridades en la guerra contra el virus. Lo cual nos invita a adherirnos a sus esfuerzos más o menos acertados por lograr la victoria. Nos puede compensar del síndrome del piloto borracho que transmite Moncloa a los pasajeros del viaje hacia la recuperación de la normalidad. Y además nos devuelve una perspectiva ética del problema.
Dicho sea porque no todo quede en la mera contabilidad de contagiados, hospitalizados, curados, y fallecidos. También está en juego nuestro sistema de valores. Civiles y religiosos. O sea, que vale también para los devotos de San Roque, el santo pestífero que nos protege de las epidemias.