EL CASO MARTINSA-FADESA

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Que una constructora-inmobiliaria pequeña adquiera una empresa mucho mayor es, sin lugar a dudas, una negligencia económica y un disparate empresarial, sobre todo cuando no se tiene capacidad ni recursos líquidos para llevarla a cabo. Esta operación fue la que puso en el disparadero a Martinsa, cuando se interesó por el gigante Fadesa, aunque hay que recordar que era un momento de euforia en la banca, en el que Fadesa aportaba muy buenas cifras sobre todo su cotización en el mercado de valores español, con buenos ratios de rentabilidad bursátil. Todos se unieron para avalar aquella operación tan casamentera como dispar en su acometida, pero el dinero fluyó hacia aquella boda sin par y todas las entidades financieras hacían cola para prestar lo imprestable y sucedió lo que tenía que suceder por lógica.
Hoy el agujero de Martinsa-Fadesa está de moda y representa la liquidación de este gigante de la construcción, que dejó en el camino a numerosas víctimas, entre pequeños ahorradores y grandes financieras, que le prestaron lo que no tenían, lo que haría tambalear el tejido económico español con unos seis mil millones de euros en deudas. De los cuales más de 361 millones corresponden a Abanca, resultante del fallido empeño de fusión de las cajas gallegas por imperativo político más que por realidad económica; le sigue el Banco Pastor, con otra suma nada despreciable de casi 494 millones de euros.
¡Vamos!, una incómoda piedra en el zapato de ambas entidades, que dentro del ranking, ocupan el Banco Pastor el tercer puesto y Abanca el cuarto, siendo el más perjudicado el propio FROB, con casi 1.283 millones de euros, unos guarismos que son para descomponerse del susto; y el propietario de Martinsa-Fadesa, “tranquilo que aquí, no pasa nada”. Uno de los principios económicos lo resume así: “Si debes poco dinero a un banco tienes un problema, pero si debes mucho, el problema es del banco”.
Como en este caso, en donde los perjudicados se cuentan por miles y entre ellos se hallan pequeños accionistas, que se han quedado sin nada, las administraciones del Estado, proveedores de todo tipo, propietarios que aún no cobraron las liquidaciones de los terrenos en los que se construyeron determinadas urbanizaciones, ayuntamientos y alguna ONG, entre ellas el Comité Español de la Unicef, que reclama algo más de cuatro mil euros, o la Fundación María José Jove, con otros 120.600 euros. Un agujero del que solo se podrá recuperar una pequeña parte, que posiblemente pueda llegar en el mejor de los casos a un 20% del valor prestado; lo demás será todo perdido.
Hay que aguardar que de este despropósito se haya aprendido una buena lección. ¡La avaricia no es buena consejera!

EL CASO MARTINSA-FADESA