URNAS Y TRIBUNALES

|

Después del fiasco de los sondeos británicos mucho fuelle han perdido los pronósticos sobre lo que aquí digan hoy las urnas. Las elecciones se van a celebrar en el mayor clima de volatilidad conocido desde la Transición y con una bolsa notable de voto oculto o indeciso. La aparición de partidos nuevos con posibilidades hace por lo demás que la metodología demoscópica utilizada hasta ahora tenga resultados más inciertos.  Tal vez por todo ello los expertos se han curado en salud diciendo que en esta ocasión hay que tomarse las encuestas con más cuidado que nunca. Esta noche saldremos de dudas.
Al margen de las urnas hay un ámbito donde muy particularmente el PSOE está recibiendo una serie de sonoros varapalos. Me refiero a los altos Tribunales, como el Constitucional y el Supremo. El hecho está pasando un tanto desapercibido en medio del barullo electoral.  
Pero lo cierto es que se han producido una serie de sentencias que echan por tierra grandes campañas de la oposición y que en contrapartida dan la razón, desde el punto de vista jurídico, al Gobierno. Quizá por esto también  el tema, como digo, ha pasado en muy segundo plano. El PP no lo explota debidamente y, en buena lógica, la oposición hace como si no se hubiera enterado.
Tal vez la desautorización más espectacular haya sido la sentencia del Constitucional sobre un par de artículos de la ley 8/2012, de Madrid, en virtud de la cual se abría la puerta a la gestión privada de los hospitales en aquella comunidad y que tanta polvareda levantó. Recuérdense las nutridas mareas  de sanitarios –y de supuestos sanitarios enfundados para la ocasión en batas blancas ajenas– que agitando sus manitas recorrieron las calles de muchas ciudades poniendo el grito en el cielo contra lo que entendían como privatización de la sanidad pública.
Pues bien, el Tribunal ha desmontado en una sentencia por unanimidad el recurso que en su día presentó el Grupo socialista en el Senado. Y lo ha hecho recordando principios elementales del Derecho administrativo: que una cosa es la garantía del acceso a un servicio público  y muy otra la provisión del mismo a través de diversas modalidades, bien públicas, bien privadas.
En realidad, la gestión a través de un contratista o concesionario es una de las fórmulas más antiguas de gestión pública. Y en el ámbito de la sanidad algo ya previsto desde 1997 en la legislación estatal. Pero ahí ha estado la oposición dando la vara durante meses y meses.  Y ahí sigue llevando sus cuitas políticas a los Tribunales. Ahora le ha tocado el turno a la ley de seguridad ciudadana. 

URNAS Y TRIBUNALES