Exceso de consuelo

No sé si habrá sido por eso del mal menor, pero me da la impresión de que el anteproyecto de la futura ley para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada ha sido acogido con un exceso de consuelo o alivio incluso entre las asociaciones provida.
No es lo ideal, pero constituye –reiteran éstas– una mejora sustancial respecto a la ley de 2010, hoy vigente y que será derogada en su totalidad. Pero de ahí a concluir que el número de abortos se va a reducir sustancialmente, o que España puede convertirse en el primer país de la Europa occidental donde se empiece el camino para revertir la situación, media un abismo.
Cierto es que el texto reconoce al que ha de nacer como un bien jurídico que debe ser custodiado y protegido por la ley. Pero de acuerdo con la archimanida doctrina del Tribunal Constitucional, ello no comporta que los concebidos y no nacidos puedan ser considerados como titulares del derecho fundamental a la vida que garantiza el artículo 15 de la Constitución.
Así las cosas, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo seguirá siendo no tan estrecho y dificultoso como parece. Incluso para el aborto eugenésico que como tal desaparece –casos de taras físicas o psíquicas compatibles con la vida–, quedará abierta la vía de la salud psíquica de la madre, el gran coladero de nuestra legislación al respecto hasta que la “ley Aído” abrió otro no menor: el aborto del sí porque sí.
Ya puede, pues, el ministro Gallardón invocar recomendaciones de  Naciones Unidas y del Comité español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), porque lo cierto es que cualquier minusvalía sí podrá ser a la hora de la verdad objeto de disminución de protección.
Veremos a ver, pues, cómo la Administración sanitaria cumple y hace cumplir la ley y cómo lleva a cabo un seguimiento de esos “menoscabos importantes en la salud física o psíquica de la madre”, cuya apreciación va a quedar en manos de los facultativos “según conocimientos de la ciencia médica en ese momento”. No habrá que olvidar que las denuncias de los abusos propiciados en este ámbito al amparo de la ley de 1985 no vinieron de los poderes públicos, sino de una iniciativa privada.
Y habrá que ver también cómo definitivamente queda el texto de la ley cuando concluya el trámite parlamentario que se inicia. Porque las resistencias desde dentro del propio Partido Popular pueden ser más determinantes que las llegadas desde la oposición. Que, visto cómo está el patio, relevantes personajes dentro del PP comiencen por decir que el partido está abierto a la búsqueda de puntos de encuentro con otras formaciones, debería producir una cierta desazón.