Recortes recortados
Cuando se ve a la ex - ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, encabezar la campaña socialista contra el copago farmacéutico, es decir, contra una de las medidas que ella misma consideró como perfectamente viable, uno no puede menos que sonreír malévolamente. Y cuando se escucha al presidente autonómico vasco, Patxi López, decir que ello se debe a un “plan ideológico del Partido Popular para desmantelar el Estado del bienestar”, uno se conforma pensando que, por fortuna, al sombrío personaje le quedan pocos meses en el puesto.
Me imagino, no obstante, que cuantos desde instancias políticas y mediáticas se oponen a la medida conocen muy bien que la deuda acumulada por el Sistema nacional de Salud (SNS) ronda los 16.000 millones de euros y que sólo en los dos últimos años este desfase se ha incrementado en un 173 por ciento. Y saben –o deberían saber- que, en un año, en los puntos SIGRE de las farmacias se han recogido 3.800 toneladas de medicamentos sin caducar, lo que ha implicado un gasto inútil de entre 1000 y 1500 millones de euros.
Que todo este dispendio farmacéutico no puede ni debe mantenerse por más tiempo parece más que evidente y, en ese sentido, el copago puede funcionar al menos como medida disuasoria. Que del copago no se hayan librado ni los pensionistas puede ser más discutible. Que la medida supone una carga más para unas debilitadas economías particulares no ofrece duda. Y que ello tiene que ser complementado con otras actuaciones que tengan más de reforma que de recorte parece imprescindible.
Está en juego la supervivencia del SNS que tanto ha costado levantar. Porque no es de recibo que sólo por la deuda hospitalaria acumulada hasta finales del año pasado los laboratorios farmacéuticos tuvieran pendientes de cobrar hasta hace unos días 6.300 millones de euros; es decir, algo más de un billón (con b) de pesetas.
Resulta curioso, no obstante, que las mayores resistencias a implementar el copago procedan de las comunidades autónomas no gobernadas por el Partido Popular, lo que da un claro sesgo político a las protestas institucionales. Pero ello es también signo de lo problemático y poco eficaz que puede resultar promover desde el Gobierno central unas iniciativas que luego han de ser llevadas llevar a la práctica las comunidades autónomas de todo signo y condición y con unas situaciones preelectorales y praxis políticas muy distintas.
Así estamos viendo cómo Gobiernos regionales varios aseguran que no van a aplicar determinadas medidas, o que las piensan recurrir ante el Tribunal Constitucional, mientras otros hacen todo lo posible para minimizar y hasta desvirtuar su vigencia. Véase, si no, lo sucedido en nuestra propia comunidad con las tasas universitarias.