Violencias en la calle

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Sólo desde una de esas tomaduras de pelo que únicamente se le permiten a la izquierda cabe entender que por mor del luto por la muerte de Adolfo Suárez el Partido Socialista no pudiera condenar en su momento la bestialidad con que se cerraron las manifestaciones del pasado día 22 (me resisto a llamarlas de “la dignidad”).
Cinco días tardó en hacerlo. Pero, en fin, conocida es la titánica resistencia del PSOE a dejarse de “peros” en este tipo de situaciones y a condenar sin rodeos la violencia que a ellos no les afecte directamente (si a ellos les toca, nos ponen a llorar a todos). Me recuerdan así a Xavier Arzalluz cuando minusvaloraba la actuación del terrorismo callejero en el País Vasco con la expresión de “los chicos de la gasolina”. O a aquello del “unos mueven el árbol y otros recogen las nueces”, de igual autoría, porque algún fruto en forma de desgaste del Gobierno cosecha el PSOE en estas movidas.   
Claro, que si el propio ministro, señor Fernández Díaz, se muestra dubitativo y ya pone por delante eso de que “parece ser que sí hubo algún fallo de coordinación en la actuación policial”, no es de extrañar que la oposición centre el foco en este punto y pase por alto lo que tanto le cuesta hacer: desautorizar a los violentos por muchas barbaridades que hayan protagonizado.
No es, con todo, la primera vez que al titular de Interior le falta tiempo para poner en cuestión alguna puntualísima actuación policial y anunciar la apertura de expediente a algún funcionario, lo que da pie a la izquierda a seguir con su presión política y mediática.  
Tampoco le ha faltado tiempo para, en pleno forcejeo político por las actuaciones de Ceuta y Melilla, trasladar a los jefes de Policía de ambas ciudades. Al igual que ha saltado presuroso a asumir las sugerencias del órgano de gobierno de los jueces en un dictamen –consultivo– sobre el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana recién salido de su propio departamento.
Claro, que tampoco el Gobierno como tal es un ejemplo de firmeza. Porque también él ha desautorizado a toda velocidad una propuesta de Ana Botella, cual es la de compatibilizar de mucha mejor manera los derechos de los ciudadanos con el derecho de manifestación.
Y es que no parece aceptable que en los dos últimos años –Gobierno del Partido Popular– se hayan producido en Madrid, Villa y Corte, algo de más de ocho mil manifestaciones, marchas o concentraciones de protesta y muy buena parte de ellas, en el supercéntrico eje Cibeles/Alcalá/ Sol/ Gran Vía. ¿No sería como para al menos recoger y poner en estudio la idea de la alcaldesa madrileña?

Violencias en la calle