Salir de rositas

Pasa por bueno que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto (junio 2010) fue determinante para la desconexión mental de una no pequeña parte de la ciudadanía catalana respecto al resto de España y, por consiguiente, para el despegue de la causa soberanista o independentista, debidamente atizada al tiempo por las propias instituciones autonómicas.
Como no podía ser de otra manera, aquella sentencia echó por tierra las paredes maestras del nuevo estatuto; de una norma que cuatro años antes había sido aprobada por la cámara legislativa autonómica, por las Cortes Generales y por el propio electorado catalán en referéndum. Ello es el germen del actual conflicto entre la legalidad constitucional y lo que los independentistas llaman legitimidad democrática salida de las urnas.
Lo que, sin embargo, no se recuerda con la frecuencia debida es que tal desajuste o choque de legitimidades fue posible porque el Partido Socialista se había cargado (junio 1985) el recurso previo de inconstitucionalidad contra proyectos de estatutos de autonomía y leyes orgánicas previsto en la ley del Tribunal Constitucional; recurso que, de haber estado vigente, hubiese permitido impugnar el texto mucho antes: a los tres días de su aprobación, con prioridad, por tanto, a la celebración del referéndum y con el añadido de que la interposición del recurso suspendía automáticamente pasos y tramitaciones posteriores. Hasta que, claro, hubiese habido sentencia.
Así las cosas, si ya es proverbial la facilidad con que el PP asume culpas que no le corresponden, no menos notoria es la desenvoltura con que el PSOE sale de rositas de conflictos que plenamente le atañen. Y es que, en realidad, el Partido Socialista ha sido primer responsable tanto allá como acá del desaguisado catalán; de una cuerda de donde luego han ido tirando fuerzas e instituciones independentistas.
Muchos centraron en su momento el foco en Rodríguez Zapatero; un presidente que no creía en España como nación y que alegremente había prometido asumir lo que le llegara del Parlamento de Cataluña. Pero no habrá que olvidar los encendidos elogios que del texto hicieron ilustres personajes, hoy santificados, como Pérez Rubalcaba. O los silencios cómplices de Alfonso Guerra, presidente que era de la Comisión Constitucional. O los forcejeos del Gobierno socialista –cuatro años– para que el TC resolviera conforme a sus deseos.
Y lo malo es que ahí sigue. Hace unos días el PSOE ha echado una nueva mano a los independentistas posibilitando la tramitación de una propuesta de PNV y de la antigua Convergencia para derogar la potestad del Tribunal Constitucional de inhabilitar a quien incumple sus resoluciones.
Por fortuna, hace un año largo el Partido Socialista reconsideró su actitud y, de acuerdo con el Partido Popular, se avino a reintroducir el recurso previo en cuestión. Falta va a hacer porque el Gobierno vasco pretende para su nuevo estatuto otro choque de legitimidades.