ARGUMENTOS PARA LA SEPULTURA

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La verdadera trascendencia de la decisión de Navantia de no construir el dique flotante para los astilleros ferrolanos afecta más al ámbito de una insostenible desocupación de las factorías que al hecho en sí de mejorar la competitividad del área de reparaciones. La indefinición que representa por sí solo un mercado sujeto a amplias y oscilantes restricciones presupuestarias no es nueva para el sector, aunque sí es cierto que, al menos a lo largo de los últimos quince años, la firma de contratos con la Armada Española, la noruega o la australiana permitió establecer un repunte de la estabilidad laboral.

Pese a los esfuerzos acometidos durante las últimas dos décadas en el ámbito empresarial de la comarca de Ferrol, centrados en diversificar su actividad al margen de la propia de los astilleros locales, lo cierto es que estos no pueden todavía hoy superar su dependencia de la construcción naval. La sensación general, una vez conocida la decisión del grupo público, es la de siempre en una zona que, de un modo u otro, se ha sentido –y se siente– atacada por la Administración central y, por extensión, por la europea, que ha redefinido la actividad del sector desde 1984. Pese a las diatribas –políticas, sindicales y empresariales–, es evidente que con Bruselas no se va a ninguna parte y, por lo que parece, sin ella tampoco.

El argumento de Navantia para descartar el dique flotante no está exento de peso por el simple hecho de que fueron las ayudas ilegales recibidas por los astilleros públicos españoles –entre los que por cierto no se encontraba la antigua Astano– las que forzaron la ampliación del veto comunitario, respaldado incluso desde la óptica sindical. En 2004 se dio por hecho que sola la alternativa de dejar en la escena estrictamente militar los contenidos de los astilleros ferrolanos podía suponer su continuidad. O eso, o la devolución a Bruselas de las ayudas recibidas, al parecer del todo inviable.

La propia Comisión Europea debió entonces de agarrarse a tal despropósito como a un clavo ardiendo, tal vez muy similar al que ahora palpó la propia Navantia.

Primero, porque ponía sobre la mesa los argumentos necesarios para prolongar el veto en materia de construcción naval; segundo, porque restringía incluso más el campo de acción de las factorías locales; y tercero, porque con unas factorías que tenían que asumir la descapitalización de personal como única salida también se entendía que se restaría capacidad de recuperación de cara al futuro. Madrid firmó unos acuerdos de los que casi nadie habla, pero que son la esencia de todo.

Al margen de la dramática situación local, y vistas las sucesivas prórrogas del veto, cabe preguntarse si no está ya preparando Bruselas otros argumentos que acaben por sepultar las factorías públicas gallegas.

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