Montoro, reprobado

La suerte está echada. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, será reprobado este jueves en el Congreso (tal vez lo ha sido ya, al publicarse este comentario). Así lo han querido las fuerzas políticas de base parlamentaria, a excepción del PP, que vota en contra, y el PNV, que se abstiene por no sentirse concernido en el fondo de la cuestión (no afecta al régimen foral del País Vasco). El fondo de la cuestión es la amnistía fiscal que el Gobierno decretó en 2012. La medida fue anulada recientemente por el Tribunal Constitucional en base a razones de forma, pues se decidió por decreto, y de fondo, porque se violó el principio de equidad en el reparto de cargas fiscales.
En esos dos reproches del alto tribunal se basó el PSOE cuando presentó el correspondiente recurso. Y en ambos reproches se apoya la propuesta de reprobación de quien apadrinó el blanqueo de unos 30.000 defraudadores fiscales. De modo que, según la moción socialista, el Gobierno habría abdicado de “su obligación de hacer contribuir a todos los ciudadanos en el sostenimiento del Estado”. Montoro alega que aquella “declaración especial”, en su lenguaje, se hizo para salvarnos de la quiebra. Efectivamente, en aquellos momentos de tribulación el Estado español tenía una imperiosa necesidad de recaudar a toda costa para aumentar los ingresos fiscales, mientras al tiempo se reducían dramáticamente los gastos (tiempo de austeridad y recortes), con el fin de reducir el déficit público heredado del Gobierno anterior (socialista, todo hay que decirlo).
La controvertida amnistía fiscal de Montoro fue una decisión eminentemente pragmática. No digo yo que fuese la clave para evitar la quiebra de España. Esa tarea ya la hicieron los famosos recortes al Estado del Bienestar. Además, la cantidad recaudada como consecuencia de aquella decisión (apenas 1.200 millones de euros) no daba para sacarnos del agujero. Cierto. No fue bastante para librarnos del infierno, pero sirvió para aliviar la carga acumulada en términos de déficit público. Algo fue algo. Pero queda la cuestión de los principios. En esa perspectiva, ¿alguien puede sostener seriamente que el no haber decretado la amnistía fiscal hubiera preservado el principio de equidad en el reparto de las cargas fiscales?
Es de sentido común que no se puede violar un principio cuya casuística se desconoce. Y la verdad es que, por la propia naturaleza del asunto, aquellas bolsas de fraude estaban sumergidas. Un policía no puede ser acusado de quitarle las esposas al malo antes de haber sido detenido.
Lo que sí se puede y se debe reprochar a Montoro y al Gobierno es que, por su culpa, los ciudadanos españoles que cumplen religiosamente con el Fisco no disponen de la lista de los 30.000 beneficiados. Y que solo se investigó posteriormente a un 13% de unos defraudadores. Sobre ellos planean las sombras del fraude y la insolidaridad. Y no se hace gran cosa por evitarlo.  

Montoro, reprobado

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