LA MATRACA CATALANA

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Ya aburren. Siempre igual. Siempre amenazando. Siempre buscando enemigos externos. Siempre gimiendo y llorando en su particular valle de lágrimas. En Cataluña el victimismo no cesa: “España ahoga; España asfixia; España nos discrimina; la marca España es contraproducente”. Incansables.

Para una cierta opinión allí dominante, desde hace más de treinta años la autonomía está amenazada y apurando una y otra vez sus últimos días. Y eso a pesar de que en estas tres décadas las competencias y dineros para las comunidades autónomas han ido aumentando hasta convertir a España en uno de los países más descentralizados de Europa; en un Estado, de hecho federal, donde el gasto en manos de la perversa y centralista Administración central ha quedado reducido a un 20 por ciento de la totalidad del gasto público.

El victimismo no cesa: ahora reclaman unas inversiones en virtud de una disposición estatutaria que el TC ha declarado como no vinculante

 

Pero son insaciables. Ahora han roto el pacto de buena vecindad con el Gobierno Rajoy y con el PP presentando y manteniendo una enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. Alegan que en las cuentas públicas de este año debería figurar una partida de 219 millones de euros para infraestructuras en Cataluña, que Hacienda se resiste a consignar. Alegan que ello debería ser así en virtud de la disposición adicional tercera del Estatuto de autonomía.

Lo malo es que, leída a la inexcusable luz de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), tal disposición adicional es una especie de brindis al sol por algo tan elemental como que una ley territorial –el Estatuto- debe limitarse al respectivo territorio, no puede vincular jurídicamente a la Administración central y no puede determinar una materia de exclusiva competencia estatal cual es la elaboración y aprobación de los presupuestos generales.

Pero como el nacionalismo catalán y aledaños hacen una lectura selectiva de las sentencias, pues ahí siguen, como siempre, a su bola. Al igual que se niegan a hacer cumplir las resoluciones judiciales sobre inmersión lingüística, declaran la insumisión en sus obligaciones para con la Hacienda central o proyectan inundar la comunidad con referéndums sobre otra de sus obsesiones más recientes: el célebre pacto fiscal, que es como llaman a algo similar a los conciertos económicos vasco y navarro.

Lo que no sé si ignoran es que el sistema de concierto no establece por sí mismo una mejor financiación para las comunidades autónomas a él acogidas, sino que la clave está en la posterior cuantificación del cupo o aportación que éstas han de hacer a la Hacienda central por los servicios que el Estado sigue allí prestando. Y aquí es donde la negociación política entre las partes ha ido generando unas escandalosas diferencias y discriminaciones a favor de País Vasco y Navarra que lógicamente ponen los dientes largos a cualquiera, pero que son manifiestamente injustas.

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