EMPLEADAS DE HOGAR

El día 30 del pasado mes de junio acabó el plazo para dar de alta a las empleadas del hogar en el régimen general de la Seguridad Social y, salvo milagro que no se ha producido, más de 47.000 trabajadores (el 15% del sector) se van a ver obligados a trabajar de forma ilegal. Es decir, sin cotizar y cobrando en negro. Empleadas que antes estaban dadas de alta por su cuenta y que limpiaban por horas en varias casas, pero que ahora con el nuevo régimen –que obliga a los empleadores a dar de alta a su asistenta desde la primera hora de trabajo– podrían perder sus derechos como trabajadores y –algo mucho peor– su medio de vida si sus jefes optan por despedirlas.

Según ha indicado la Administración, a 31 de mayo, 53.021 asistentas estaban en esta situación. Dadas las altas de este tipo que se han registrado desde que entró en vigor la nueva norma el pasado mes de enero (5.271 altas al mes de media), el número de trabajadora en peligro, ahora mismo sería de 47.750.

Comisiones Obreras las reduce a 38.000, porque muchos empleadores presentaron los papeles en el último momento. Con todo y eso, la cifra es aterradora, una verdadera desgracia nacional. Así, Rosa Lozano, directora de una agencia de servicio doméstico y empleadas del hogar de Madrid, ha dicho: “muchas asistentas están perdiendo sus trabajos por que las familias prefieren prescindir de ellas que darlas de alta para unas pocas horas a la semana. Otras les mantienen el trabajo, pero sin seguridad social o les reducen el sueldo para pagar las cargas sociales”.

Lo cierto y verdad es que la nueva Ley parece que no está funcionando. Los sindicatos llevan meses advirtiendo que la nueva normativa iba a dejar a muchas empleadas del hogar fuera de la Seguridad Social y pidieron al Ejecutivo que ampliara el plazo para que las familias pudieran regularizar la situación de sus asistentas.

Pero esta opción parece que no contó con la aquiescencia del gobierno, que en repetidas ocasiones advirtió que no iba a aprobar una moratoria. Pero se ha sabido ya que lo que sí hará el Ministerio implicado en el asunto es modificar la normativa para agilizar los trámites para las nuevas incorporaciones.

Asimismo, se plantearán otros cambios, tales como ampliar la desgravación para que la regularización de las asistentas sea más atractiva para los empleadores.

Pero de momento, tomen nota: No menos de 38.000 personas afectadas por la nueva normativa. Suma y sigue.