DEMANDA SOCIAL

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En la actualidad, la llamada delincuencia común contra las personas y la propiedad ha sido superada por el auge creciente de la delincuencia económica y financiera.
Esta delincuencia es, además, la que peores y más perjudiciales consecuencias causa a la sociedad, tanto por su extensión como por la clase de personas afectadas.
En efecto, muchos de sus daños y perjuicios recaen sobre las capas más desfavorables de la sociedad. Sus modalidades delictivas son múltiples y sofisticadas. Es difícil una enumeración exhaustiva de las mismas. Sin embargo, pueden resumirse diciendo que, en su mayoría, se alimentan de la corrupción y nacen a la sombra del poder.
El enriquecimiento rápido y a cualquier precio es el santo y seña de esta marea delictiva difícil de contener y evitar. Además de lo anteriormente expuesto, existe otra diferencia importante. Esta consiste en que el reproche social y la condena penal se centran, principalmente, en la cárcel y la privación de libertad, cuando se trata de delincuentes comunes; pero si la delincuencia es económica y financiera, el clamor popular se dirige a exigir a los culpables “que devuelvan el dinero”.
Esa demanda popular es la más extendida y generalizada. La indignación de los ciudadanos aumenta al comprobar que los culpables, con insolvencias reales o ficticias, eluden responder económicamente de los daños causados a sus víctimas.
Son, precisamente, las personas de escaso nivel social, económico y cultural, la presa fácil de este tipo de delincuencia, llamada comúnmente “delincuencia astuta” por las distintas formas de engaño y fraude que utilizan los culpables para cometer sus delitos y conseguir sus fines.
La observación también nos confirma que los dos grandes escollos con los que se enfrenta la aplicación del derecho son la ejecución de las sentencias firmes y el adecuado resarcimiento a las víctimas. Es evidente que una sentencia que no se cumple es letra muerta y un daño que no se repara es un fallo de la justicia y un agravio para quienes lo sufren. El resarcimiento, en su sentido más amplio, es acción y efecto de resarcir, o sea, indemnizar, compensar y reparar un daño, agravio o perjuicio.
En los delitos económicos y financieros, lo que interesa más a los perjudicados, es  la recuperación de lo que fraudulentamente perdieron que la condena o castigo penal que pueda corresponderles a los delincuentes.
Siendo cierto que las resoluciones judiciales deben cumplirse y ejecutarse en sus puros y debidos términos, el derecho al resarcimiento de las víctimas debe ser prioritario, con independencia del derecho que tiene la sociedad a exigir el cumplimiento de las leyes y garantizar la seguridad del ciudadano.

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