DERECHO A LA VIVIENDA

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Cada vez es más necesario adoptar medidas de protección para las familias que están inmersas en procedimientos de ejecuciones hipotecarias y poder garantizarles el derecho a una vivienda digna. Desde la Xunta se tomaron medidas interesantes, aunque no suficientes, para realojar a colectivos afectados por este tipo de situaciones, a través de la adjudicación directa de viviendas de promoción pública o bien en alquiler, en el caso de que no se dispongan en el municipio o comarca donde viven.

Uno de los mayores problemas con que se encuentran muchas familias es la escasez o la falta de viviendas públicas, que la Xunta pretende paliar a través del ”programa aluga”, que son viviendas libres de propiedad privada que sus propietarios ponen a disposición del Instituto Galego de Vivenda e Solo, durante un período de cinco años para destinarlas a alquiler.

La realidad que viven las plataformas y colectivos sociales que se dedican a defender el derecho a una vivienda digna es que la mayoría de las familias, por no decir la totalidad, afectadas en algún procedimiento de desahucio prefieren permanecer en su vivienda habitual más que acogerse a un realojo y para eso estos colectivos sociales dialogan con las entidades financieras para renegociar las hipotecas, el alquiler social u otro tipo de medidas que faciliten esa posibilidad. Las administraciones públicas, por su parte, deberían ir más allá y no esperar a que los miles de procedimientos de desahucios, que se tramitan en los juzgados, se lleguen a ejecutar y luego no habrá viviendas suficientes para alojar a todas esas familias.

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