DÍAS DIFÍCILES PARA LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

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No han sido días fáciles para las víctimas del terrorismo y para buena parte de la sociedad española. A la sentencia de la Audiencia Nacional justificando el chivatazo en el bar Faisán al aparato de extorsión de ETA se ha sumado el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha desautorizado la aplicación retroactiva de la doctrina Parot y posibilitado que terroristas como Inés del Río y Antonio Troitiño –y los que vengan–, con decenas de muertos a sus espaldas, anden  por la calle. Los muchos asesinatos les van a salir a poco más de un año de cárcel por crimen. Difícil de entender.  
No conviene, con todo, cargar en exclusiva las culpas sobre el alto Tribunal europeo, quien parece valorar más la justicia formal que la material. Lo grave es que el legislador español no hubiera articulado a su tiempo una norma con todas las garantías exigibles cuando ya terroristas y grandes delincuentes estaban siendo excarcelados tras haber cumplido una ridícula parte de la condena.
Y aquí, en medio la inevitable polvareda política, social y mediática levantada, ha vuelto a producirse lo de siempre: que cuando de la izquierda se trata, los responsables de semejantes dejaciones no tienen nombre ni apellidos. Se habla de “los gobiernos”; de “los políticos”; del “legislador”, como si unos y otro no tuvieran rostro. Y lo tienen.
La pasividad, que sin duda existió, lo fue de las sucesivas mayorías parlamentarias socialistas desde 1982, quienes convirtieron en tabú antidemocrático hablar del cumplimiento íntegro de las penas para delitos de terrorismo, lo que hubiera hecho innecesarios los atajos a que hubo que recurrir  después.
Ya en 1986 y 1987 lo planteó en el Congreso la entonces Alianza Popular, y en 1991 hizo lo propio el Partido Popular. Pero siempre se negó a ello el Partido Socialista, con la coartada de no romper la unidad de la lucha antiterrorista. Hubo que esperar a 2003, en la primera legislatura en la que el PP dispuso de mayoría absoluta, para que pudiera salir adelante la reforma legal que hoy garantiza el cumplimiento efectivo de las penas en delitos de la máxima gravedad. No obstante, el PSOE y la izquierda en general todavía andan con remilgos ante la prisión permanente revisable que el Gobierno pretende introducir en el Código Penal.
Así las cosas, también han llamado la atención las velocidades habidas en el caso de la excarcelación de Inés del Río. Velocidad con que la Audiencia Nacional hizo cumplir el fallo de Estrasburgo.  Y velocidad del Gobierno. Velocidad esta segunda para quitarse el muerto de encima y cargar todo lo que pueda venir y vendrá sobre las espaldas de los Tribunales. La frialdad del ministro Gallardón ha sido tremenda.

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