Políticos y jueces

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Si el Parlamento es bueno para elegir al gobierno de la nación, también lo será para elegir al gobierno de los jueces (CGPJ). Es de pura lógica. Pero hay un perturbador lugar común en boca de jueces, magistrados y juristas, en general. El que aprueba el procedimiento mientras denuncia que ha sido pervertido por los partidos. Estoy de acuerdo con ese diagnóstico de amplia circulación. Y la prueba más reciente la hemos tenido en el hecho de que, en vísperas de que caduque el mandato de cinco años para la renovación del CGPJ, el nombre de su futuro presidente, Manuel Marchena, ya estaba en boca de todos ayer mismo, sin que se hubiese constituido el nuevo órgano, cuyos veinte vocales son los que tienen que elegirlo.
La noticia la han filtrado los responsables de la negociación que entre bambalinas llevaban a cabo el Gobierno y el principal partido de la oposición, con el exministro de Justicia, Rafael Catalán, como principal interlocutor. Naturalmente, Sánchez y Casado, tienen la última palabra. La han tenido para consensuar el nombre del juez Marchena. Por cierto, juez y fiscal de carrera, que ahora preside la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en cuyo seno se va a producir el jucio oral a los dieciocho máximos responsables del golpe contra el orden constitucional perpetrado por el independentismo catalán.
Todo eso parece razonable pero ahora importa señalar lo que nos ha salido al paso. Me refiero a la estética averiada del lanzamiento de Marchena a los circuitos políticos y mediáticos de la vida publica. Una vez más, el problema de las formas, que es importante en democracia. Queda claro que al futuro presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, lo han elegido entre Casado y Sánchez. Y que los veinte nuevos vocales del Consejo, que ni siquiera han sido elegidos todavía (diez en el Congreso y diez en el Senado) se limitarán a ratificarlo.
No puede estar más claro el supremacismo de la clase política sobre jueces, fiscales, abogados y “juristas de reconocido prestigio con al menos quince años de ejercicio profesional”. Estamos ante la malversación de un método que aplica un principio razonable. El procedimiento consiste en el recurso a las llamada “cuotas”. En nombre de un principio plausible: extracción parlamentaria de los 20 miembros del CGPJ. Doce a propuesta de las asociaciones de juristas y ocho a propuesta de las Cortes Generales. Suena bien. Pero todo el mundo sabe que el procedimiento está confiscado por PP y PSOE. Y que si el elegido es de perfil conservador, como Marchena, es porque, a cambio, el PSOE (con 11) tendrá de su parte un vocal más que el PP (con 9 más el presidente). Toma y daca.

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