Más política y menos políticos

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El pluralismo político contribuye a la formación y manifestación de la voluntad popular expresada a través de los partidos políticos, como se reconoce en la Constitución; pero el pluralismo político sólo es verdaderamente eficaz cuando el pluripartidismo no degenera en un estéril multipartidismo.

Cuando existe el multipartidismo, la gobernabilidad resulta difícil y los acuerdos necesarios para formar gobiernos de coalición se convierten en peleas y disputas por el reparto del poder, lo que, mayoritariamente, obliga a aumentar el número de cargos y organismos para satisfacer a todos los candidatos o aspirantes posibles.

Cuando más de dos partidos y, ya no digamos, si son cuatro o cinco los necesarios para gobernar, esto sólo se logra a base de concesiones de poder a todos los aspirantes a ser miembros del gobierno. Esta situación provoca que la inflación de políticos no corrija su indigencia intelectual y, además, que se aumente, innecesariamente, el gasto público sin beneficio real alguno.

La noticia de que el actual Presidente del Gobierno en funciones haya creado en sólo seis meses 330 nuevos altos cargos, al igual que el incremento del número de consejerías en el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, confirman la empleomanía, como forma de ganar y compensar a adeptos, es decir, hacer que los empleados sean para los empleos y no los empleos para los empleados, de tal manera que, si la función crea el órgano, en este caso es el órgano el que crea la función.

Los partidos que pugnan por estar en un gobierno de coalición ignoran que el gobierno es un órgano político colegiado, en el que cada partícipe es responsable de sus actos y, al mismo tiempo, corresponsable o responsable solidario de lo que hacen los demás. Esto significa que sus decisiones obligan a todos por igual y que ninguno de sus acuerdos puede atribuirse, en exclusiva, a alguno de ellos en particular.

Además, las deliberaciones del Consejo de Ministros son reservadas y secretas y sólo se hacen públicos sus acuerdos o resoluciones.

Esa naturaleza del órgano de gobierno es compatible con la disputa ideológica interna que puede darse entre los miembros de los distintos partidos que lo forman; pero el acuerdo, una vez adoptado, representa la voluntad colectiva del órgano que lo dicta y sus consecuencias obligan a todos sus miembros.

Siguiendo a Karl Popper, “el aumento del conocimiento depende por completo de la existencia del desacuerdo”. No tiene por qué haber unanimidad en el planteamiento y solución de los problemas pero sí para la adopción de los acuerdos.

Voltaire reconocía que “debe ser muy grande el placer que proporciona el gobierno, puesto que son tantos los que aspiran a ejercerlo”.

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