BANQUEROS EN EL BANQUILLO

Por vez primera en la historia de este país, la Justicia actúa de forma contundente, sin matices, sobre las prácticas abusivas de determinadas entidades bancarias. Por vez primera, de prosperar las acciones de la Fiscalía sobre directivos de Bankia, por un lado, y de Caixa Galicia y Caixanova por otro, miembros del consejo de administración de todas ellas deberán responder sobre los criterios que conllevaron a que entidades con dificultades, que recibieron inyecciones millonarias procedentes del erario público, o bien promovieron acciones como las de las inversiones preferentes se sienten en el banquillo de los acusados para, como mínimo, dilucidar los hechos.

En un país sometido a una más que exagerada presión de los mercados, como ayer mismo demostraba, una vez más, el repunte de la prima de riesgo pese a los acuerdos de la Comisión Europea sobre el sostenimiento del sistema bancario, faltaba la simple asunción de una reclamación que se había convertido en los últimos meses en un clamor popular. Las pruebas sobre las prácticas abusivas, que sin ir más lejos conllevaban que menores de edad, analfabetos, o tenedores de los que solo constaba el número del carné de identidad, son evidentes y hablan por sí solas sobre el desprecio con el que determinadas entidades crediticias han tratado a millares de pequeños, y sufridos, ahorradores. Las conclusiones de la Fiscalía en el caso gallego dejan bien claro que, con tal de conseguir fondos, no importaba en absoluto el modo ni el método y que la voracidad bancaria ha llegado a superar límites insospechados con el único objetivo de cuadrar resultados sin importar en lo más esencial las consecuencias. La carencia de explicaciones, o de estas hacia legos en la materia, fue la tónica dominante de una práctica cuyo único objetivo era el de acrecentar el mérito de los propios gestores, sean quienes sean, desde un mero interventor o director de una sucursal hasta el máximo responsable de la entidad.

Sobre el terreno, sobre el vulgo, la sensación parece ser de alivio, pero sobre todo de recuperación, mínimamente –porque falta por saber la conclusión– de la confianza en un sistema político e institucional del que se espera esenciales signos de equidad, sea para el pequeño impositor o para aquel que simplemente confía en una banco para depositar su nómina o domiciliar los recibos. Un sistema capaz de reclamar céntimos en una cuenta bancaria, con el consiguiente coste derivado del correo –superior a la cantidad que se reclama– no es, bajo ningún concepto, equitativo cuando lo que está en juego es la esencial credibilidad en gestores cuyo retiro se nutre de fondos públicos.