9º-16º
miércoles | 24 abril | 2024
La primera reunión entre todas las administraciones implicadas para discutir el futuro del puerto puso de manifiesto las profundas divisiones que existen entre ellas, sobre todo entre la Xunta y el Gobierno central.
La alcaldesa, Inés Rey, se esforzó por mantener una actitud positiva que la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, enfrió al calificar de “decepcionante” la reunión. Por su parte, el Gobierno dejó claro que el Puerto Exterior de Punta Langosteira es, ante todo, un problema: una infraestructuras deficitaria debido a la mala gestión. Las cartas quedaron sobre la mesa: no habrá condonación de la deuda (200 millones del puerto por la construcción de Punta Langosteira) pero se ofrece una moratoria hasta 2035, se prorroga la validez del estudio de impacto ambiental hasta 2023, pero su construcción se condiciona a un estudio de viabilidad financiera. En cuanto el futuro urbanístico de los muelles, se creará una comisión para decidir la forma en la que se gestionará.
La alcaldesa anunció que una comisión elaborará en seis meses un nuevo protocolo y un plan de trabajo
Rey se esforzó por dar a su intervención un tono institucional al señalar que “en esta cumbre del 23-F de María Pita se ha celebrado un encuentro histórico, porque las administraciones implicadas no se sentaban a hablar desde hace 17 años y, sobre todo, en llegar a un acuerdo”.
Le escuchaban el secretario general de Infraestruturas del Ministerio de transportes, Sergio Vázquez, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez; el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso; la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera; el presidente de Puertos del Estado; Francisco Toledo; la directora de Puertos del Estado, Pilar Parra; el delegado de la Xunta, Gonzalo Trenor, el concejal de Intraestructuras y Urbanismo, Juan Díaz Villoslada y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado y su director, Juan Diego Pérez. A todos ellos les dio las gracias Rey por acudir a su llamada como alcaldesa.
Para ella, los convenios de 2004 que proponían la financiación del puerto a través de la venta y construcción en los terrenos de los muelles no son ya vigentes. Anunció la prorroga del estudio de impacto ambiental y el “compromiso firme” de Gobierno para buscar financiación europea para la conexión ferroviaria de Puerto Exterior de Punta Langosteira, que se considera imprescindible para asegurar su viabilidad.
También destacó que se ha llegado al compromiso de la reestructuración de la deuda de la Autoridad Portuaria con una moratoria hasta el año de 2035 del préstamo principal (del que es acreedor Puertos del Estado) y la creación de una comisión de trabajo que elaborará en seis meses un nuevo protocolo y un plan de trabajo. “Hemos hablado de ciudad, de puerto, pero también de futuro”, concluyó.
Pruebas
Cuando el tocó el turno de intervenir a Ethel Vázquez, su tono fue muy distinto. “Teño que trasladar una valoración negativa por parte do Goberno galego”. Primero, porque desde Madrid se niegan a condonar esa deuda de 200 millones de euros del Puerto y segundo, porque no vieron concretarse medidas para el desarrollo urbanístico de batería y calvo Soleto. “Saímos in un horizonte concreto. Estamos decepcionados.
Celebramos a prórroga de la declaración de impacto ambiental, pero tampoco pode ser unha excusa para seguir retrasando unha icitación que todo o sector económico da Coruña ve imprescindible”.
Expresó su preocupación por el futuro del puerto y de la ciudad y cómo se recuperarán los terrenos, aseguró su voluntad constructiva para “sumar e ofrecer solucións de consenso”. Vázquez sacó a relucir el protocolo de 2018 con el Ministerio de Fomento por el que la Xunta aportaba 20 millones de euros para la compra de Bateria y Calvo Sotelo y garantizar así su titularidad pública y el compromiso de Fomento de licitar en 2019 el acceso ferroviario a Punta Langosteira. “Os acordos entre administracións deben cumprirse”, le recordó a los representantes estatales.
El protocolo de 2018, que la conselleira declaró que para la Xunta sigue vigente (aunque el Ayuntamiento lo rechaza porque se realizó a sus espaldas), tiene tres partes fundamentales: condonación de la deuda, gestión de los terrenos portuarios para convertirla en la nueva fachada marítima, licitar con un horizonte concreto del tren a Punta Langosteira.
Fecha límite
Pero los representantes del Gobierno central también tenían algo que decir. Hay que tener en cuenta que al presidente de la Autoridad Portuaria lo escoge la Xunta, así que las críticas al Puerto tocan muy de cerca al Gobierno autonómico. Sergio Vázquez, secretario general de Infraestructuras, señaló: “El Puerto de A Coruña está en una situación muy delicada financieramente. Hace diez años tuvo una refinanciación con diez años de carencia con unas condiciones y estamos en una fecha limite en el que el Gobierno de España quiere salvar al Puerto y garantizar su supervivencia”:
Vázquez mostró su satisfacción porque la alcaldesa le había brindado la oportunidad de hacer sus propias reivindicaciones. “Algunas se saben de antemano que son inviables”, aludió y enumeró los problemas del puerto: viabilidad económica, la propia definición de modelo de ciudad y agenda urbana y frente marítimo y el acceso ferroviario: “Tenemos un compromiso bidireccional: Vamos a tratar de buscar una financiación europea para esta inversión, pero las otras administraciones tiene que aportar garantías de viabilidad económica y social”.
Acusó a las anteriores administraciones implicadas de precipitarse al construir una infraestructura millonaria que se ha vuelto deficitaria. El secretario general de Infraestructuras reconoció que existen estudios de viabilidad previos, pero ha habido un “proceso hiperactivo por parte de las administraciones porque no estaban fundamentadas”.
Madrid exige pruebas de que los 140 millones de euros que costará la vía férrea a Punta Langosteira no serán otro derroche. “Ese proceso de demostración de rentabilidad económica, social y ambiental tiene que estar sólidamente demostrada y en eso estamos”. De hecho, no es un requerimiento del Gobierno central, sino de la Unión Europea, para poder acceder a sus fondos, que son los que costearán la conexión ferroviaria. El viernes pasado, la Autoridad Portuaria presentó la última propuesta de viabilidad al Gobierno. Falta la respuesta.
