Velocidad
Ya es un hecho: Jorge Fernández, ministro del Interior, confirmó en su momento que el Gobierno reduce la velocidad máxima en las carreteras secundarias de 100 a 90 km/h. Añadió que están “bastante convencidos” a la hora de tomar esta medida, pero no dijo cuándo la harán efectiva. Sólo señaló: “Será en el momento adecuado”.
En relación con la posibilidad de elevar la velocidad hasta los 130 Km/h en autovía y autopista, el señor Fernández echó balones fuera: “sigue en estudio”. Algo está claro: se trata de frenar la gran siniestralidad que registran las vías de doble sentido, algo que no se ha conseguido en la última década, en la que España ha estado a la cabeza en reducción de la mortalidad en el tráfico.
En relación con la medida que anunció el ministro, están a favor las asociaciones de víctimas, pero cabría pedir otras medidas. Por ejemplo, que las administraciones mejoren el estado de conservación de las carreteras, aunque ello es muy difícil, cuando sólo en gasto urgente se necesitan 5.500 millones de euros. Se afirma también que habría que colocar más radares y agentes de tráfico para que la medida sea efectiva y también hay quién no está de acuerdo en elevar la velocidad en vías rápidas.
La solución podría estar en la implantación de la “velocidad variable”, con límites basados en auditorias previas de aspectos como la climatología, trazado, estado, peligrosidad y volumen de tráfico de la carretera. Es decir, establecer límites de velocidad creíbles.
Son tan peligrosas porque en ellas no se rebasa a un coche, como en una autovía, sino que se adelanta y puede venir otro vehículo de frente. Además, casi todas las intersecciones están al mismo nivel.
En este contexto, las colisiones son el 41% de los accidentes. Las salidas de vía suponen otro 32%.
Hay muchas acciones de “bajo coste” para las administraciones como reductores de velocidad o asfaltos especiales en tramos peligrosos, mejorar la señalización o separar los carriles. Hasta un radar bien colocado es barato si salva vidas. Es lo que hay.