Calidad educativa

El Proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa que aprobó el Consejo de Ministros el pasado día 21 tuvo escasa repercusión mediática y popular porque fue barrido como primera noticia de las páginas de los periódicos y de los informativos por otros acontecimientos políticos que, con la pertinaz crisis económica, ocupan la atención del país.

Desborda el espacio de esta columna un análisis en profundidad de este proyecto de reforma, pero sí caben algunas anotaciones. Dicen los expertos que está bien que se valore el mérito y el esfuerzo, que se refuercen las materias troncales: Lengua –oficial, cooficial y extranjeras–, Matemáticas y Ciencias, que son la base de una formación permanente, así como el impulso a la formación profesional.

Es bien visto por algunas autonomías y cuestionado por otras que el Gobierno amplíe contenidos comunes para la adquisición de las competencias básicas.

Discutible es la implantación de las reválidas al final de la ESO y del bachillerato y la supresión de la selectividad, un sistema objetivo e igualitario que puede ser sustituido por el que implanten las universidades que se moverán por criterios dispares y no homogéneos. También es discutible la segregación a los 13 años del alumnado que tiene dificultades -”no se puede tratar igual a los que son diferentes”, dice el ministro- . A esa edad es muy pronto para excluir a los desfavorecidos sin darles las oportunidades de integración que exigen la equidad social y la igualdad de oportunidades.

¿Cuál es la gran debilidad de este proyecto de ley? Ser una criatura de un gobierno del Partido Popular que no gozará de la comprensión de la izquierda que a veces se otorga la exclusiva reformista en materia educativa y tacha de “sospechosa” cualquier iniciativa de la derecha, que califican de reaccionaria e involucionista. Por eso, si en el trámite parlamentario no se alcanza consenso, este proyecto durará lo que dure en el poder el gobierno del Partido Popular

Es triste y lamentable porque la enseñanza, que ahora mismo presenta un índice de fracaso escolar del 26,5 por cien, el doble de los países de la OCDE, es una cuestión tan relevante que debiera preocupar y ocupar más a todos, a ciudadanos y políticos.

Pero estos son incapaces de alcanzar un pacto por la educación –esta es la séptima reforma de la democracia– que seguirá siendo un campo de experimentos para tortura de los alumnos, quebradero de cabeza de los profesores y angustia de las familias.