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miércoles | 24 abril | 2024
Pocos delitos tienen tanta repercusión como la apropiación de viviendas. Aunque se trata de un fenómeno relativamente raro, en el último año ha ido en aumento en Galicia, y especialmente en A Coruña. Como señaló la portavoz municipal del PP, Rosa Gallego, cada mes tienen lugar en la ciudad cinco denuncias por ocupación ilegal al mes en 2020.
Gallego hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa con al diputada nacional Tristana Moraleja, que defenderá la semana que viene en el pleno del Congreso la nueva ley contra la ocupación que propone su partido. Para Gallego, el mayor problema de la ocupación ilegal de casas no es solo el ataque a la propiedad privada, sino que altera la convivencia. “Lo vemos en las visitas a los barrios. Las denuncias se incrementaron en Galicia un 34%, pero más de la mitad (55%) están en la provincia y A Coruña es la más afectada”; advirtió, según datos extraídos de un informe del Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein).
“Lo hemos visto por desgracia en Palavea, en A Falperra, donde los okupas protagonizaron episodios de violencia, trasladaron sus problemas al Ensanche y luego se fueron a Os Mallos, donde ocuparon varios edificios, en el Agra do Orzán, en O Ventorrillo, Los Rosales, Matogrande y Xuxán”, enumeró Gallego.
Por distritos
Ella apuesta por reintroducir la Policía de Barrio. Es decir: patrullas a pie de la Policía Local centradas cada una en un distrito de la ciudad. Es un sistema muy popular entre los vecinos, que se sienten más seguros con un uniforme a la vista, pero que exige una mayor cantidad de personal. Por ese motivo se retiró años atrás, y se sustituyó por patrullas en puntos en concreto cuando eran necesarias.
“Es un elemento disuasorio, está para prevenir. Si hay un intento de ocupación ilegal, sería mucho más fácil impedirla con Policía de Barrio”, explicó la concejala, que reconoció que A Coruña no es una ciudad insegura, pero que sí es más insegura que “hace veinte meses, por ejemplo (en referencia al mandato de la alcaldesa, Inés Rey” y criticó que se les tache de alarmistas a ellos ya los vecinos en la Delegación del Gobierno.
“Los beneficiarios únicos de al okupación son dos, las mafias y los okupas”, sentenció Moraleja que aseguró que las personas vulnerables no son okupas: “Esas personas necesitan de los Servicios Sociales una solución, y esa solución no puede venir de la mano de la ocupación ilegal. Una persona en situación de desahucio no es un okupa”. De esta manera, la diputada respondía al ministro Garzón, al que acusó de escudarse detrás de las personas vulnerables para dar carta blanca a la okupación. “A un okupa no se le desahucia, se le desaloja”.
