11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
La titular de la Consellería de Mar, Rosa Quintana insistió en su defensa de un plan social con participación de las administraciones estatal y autonómica y los ayuntamientos del entorno mientras duren las obras de dragado de la ría de O Burgo y ante la reivindicación de compensaciones por el sector marisquero, que la propia conselleira respaldó en un encuentro con representantes de la Cofradía de Pescadores de A Coruña. Un plan del que la Xunta “aínda non obtivo resposta” por parte del Gobierno del Estado.
En este sentido, Quintana denunció el “inmovilismo” que, en su opinión, mantienen el resto de las administraciones implicadas en un conflicto que afecta a decenas de mariscadores del área metropolitana de A Coruña.
Sobre el plan social, la representante autonómica detalló que, en su propuesta, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo está dispuesto “a achegar 100.000 euros de fondos do orzamento de 2021 para o plan social de apoio ao sector”, mientras demandó aportaciones “na mesma medida” a los ayuntamientos del entorno y al Ejecutivo de Pedro Sánchez “ata acadar o millón de euros”, expuso Quintana en su visita a la sede de la Cofradía de A Coruña.
El plan diseñado por la Xunta incluye también la demanda a la Administración del Estado de que las tareas de recogida y reposición de semilla en la zona sean realizados por los propios mariscadores “a fórmula legal de encomenda que sexa necesaria”, apostilló Quintana.
“Necesidade”
En este sentido, la conselleira mostró la predisposición a reunirse con el sector y con el resto de administraciones para diseñar ese plan social pero advirtió de “a necesidade” de que el Gobierno de España, “que é o promotor da obra e a quen lle correspondería asumir as indemnizacións, asuma as súas responsabilidades” con los afectados por el dragado de la Ría do Burgo.
Por su parte, el Ayuntamiento de A Coruña reivindica que el colectivo de mariscadoras y mariscadores de a pie y de a flote reciban un apoyo institucional durante el tiempo que dure el dragado, licitado para este año 2021.
En concreto, solicita a los departamentos jurídicos estatales y autonómicos “que se poñan de acordo para lle adxudicaren esta competencia á Xunta ou ao Ministerio de Medio de Ambiente” con el propósito de “dar unha compensación económica e mais unha seguridade xurídica a preto de oiteta traballadoras/es do mar que non poderán saír mariscar nun período de dous a tres anos”, indicaron desde María Pita.
Mientras, reclama ayudas “individualizadas e colectivas” por el cese de su actividad.
