El Supremo confirma la condena a prisión para cinco exdirectivos de NCG

El Supremo confirma la condena a prisión para cinco exdirectivos de NCG
Los exdirectivos de Novacaixagalicia ocupan el banquillo de los acusados durante el juicio aec

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la pena de dos años de cárcel que impuso la Audiencia Nacional a cinco exdirectivos de Novacaixagalicia por las indemnizaciones por prejubilación y otros conceptos (por importe de 22 millones de euros) que se concedieron a sí mismos mediante la modificación de sus contratos de alta dirección en el año 2010. El propio alto tribunal considera esas penas “exiguas” si bien reconoce que no puede incrementarlas porque ninguna parte las cuestionó al alza.
En el momento de aprobarse estos contratos se había iniciado ya el proceso de fusión bancaria que dio lugar a dicha entidad y se habían reclamado 1.162 millones de euros al FROB para superar la situación de inviabilidad de las dos cajas que iban a fusionarse.
Los condenados son José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza y Óscar Rodríguez Estrada (los tres para los que se prepararon las prejubilaciones millonarios, ante la previsión de que la entidad iba a prescindir de sus servicios de forma inminente) y Julio Fernández Gayoso (expresidente de Caixanova) y el asesor jurídico Ricardo Pradas Montilla, condenados a la misma pena como cooperadores necesarios del delito.
En relación con la pena impuesta, el propio Supremo la tacha de “desproporcionada” pero no por su exceso al alza como alegan las defensas, “sino claramente por su exigüidad desde la perspectiva de la gravedad de las conductas”, aunque el alto tribunal destaca que no puede establecer nuevas penas que incrementen las establecidas por la Audiencia Nacional en la instancia, al no haber sido cuestionada al alza la sentencia en ese extremo, aparte de los límites que impone el principio acusatorio.
La “llamativa lenidad” de las penas, para el Supremo, se deriva de que la suma de dinero apropiada superó de forma extraordinaria los 50.000 euros que el Código Penal fija como subtipo agravado del delito, ya que Pego mejoró su contrato en 7 millones de euros, Gorriarán en 4 millones, y Rodríguez Estrada en 225.400 euros. A ello hay que sumar que los dos primeros intervinieron en la administración de Caixanova, que quedó en dificultades de viabilidad y práctica insolvencia, de modo que para hacer viable la fusión bancaria el FROB tuvo que aportar más de 9.000 millones.

El Supremo confirma la condena a prisión para cinco exdirectivos de NCG

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