Investigan por cohecho a Baltar y a la mujer que lo denunció por acoso sexual

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense decidió citar en calidad de investigados por un delito de cohecho al presidente de la Diputación de Ourense y del PP en esta provincia, José Manuel Baltar, y a la mujer que lo denunció por supuestamente haberle ofrecido trabajo a cambio de mantener relaciones sexuales.
La mujer estaba citada para declarar como perjudicada, pero el juzgado notificó ayer un auto en el que deja sin efecto esta citación y la llama tanto a ella como a Baltar para el día 10 de marzo en calidad de investigados –la nueva denominación de imputados–, según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 
A mediados del pasado mes de octubre, la mujer había denunciado ante la Fiscalía que el ahora presidente de la Diputación de Ourense le ofreció en el año 2010 “una plaza fija” en la institución provincial, que entonces aún dirigía su padre, José Luis Baltar, “o incluso en otro lugar”, a cambio de sexo.
La Fiscalía Provincial de Ourense decretó el archivo de las diligencias de investigación penal, pero la mujer había decidido presentar una nueva denuncia ante el juzgado de guardia de Ourense por un supuesto delito de acoso sexual.
Tras el estudio de la denuncia y de las grabaciones aportadas a la causa, la juez entiende que no queda acreditada, “sin perjuicio de una ulterior comprobación”, la existencia de una relación laboral, docente o de prestación de servicios entre ambos en el momento de la relación sexual, lo que en su opinión excluye, “en principio, el tipo del artículo 184 del Código Penal”, es decir, la existencia de acoso sexual.
Por contra, sostiene en el auto que sí puede existir un delito de cohecho del artículo 419, y ello sin perjuicio “de la calificación como delito de tráfico de influencias dada la relación personal” del investigado con el presidente de la Diputación en el momento de los hechos, su propio padre, que, según apunta la juez, “también se compromete a proporcionarle un trabajo”.
Considera la juez que esta situación “exige atender a la conducta punible del particular que entrega retribución a autoridad o funcionario público para realizar un acto contrario a los deberes del cargo, que se concretaría en un nombramiento prescindiendo de las disposiciones legales que lo regulan”.
La instructora del caso también estima que es preciso atender a la actuación de un “particular que influye en funcionario público o autoridad prevaliéndose de una situación derivada de su relación personal con este (artículo 429 del Código Penal) para conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio económico”.
Frente a las acusaciones de acoso sexual, el político del PP se ha limitado durante estos meses a afirmar que adoptaría una respuesta judicial y que buscaría “la contundencia de la ley”. El caso acabó derivando en que los cuatro miembros que integraban el Comité de Ética de la Diputación de Ourense presentasen su dimisión a finales del mes de noviembre y en su acta argumentaron que Baltar remitió una respuesta con la que “defendiéndose, no admite, pero tampoco niega, la realidad de los hechos”.
Por otro lado, el PSOE de Ourense pidió ayer a Baltar “un paso de responsabilidad” y que dimita. El BNG, por su parte, reiteró la petición al PP de “cesar” al presidente de la Diputación y advirtió de que seguirá pidiendo “explicaciones” en el ente provincial. Mientras, Democracia Ourensana señaló que Ourense no se puede quedar como el “reducto de un caciquismo sui géneris” y AGE también exigió la “inmediata” dimisión de Baltar. 
Por su parte, Baltar anunció ayer que volverá a presentarse al congreso del PP ourensano, que se celebrará el 5 de marzo, para revalidar el cargo que asumió en enero de 2010, y esquivó las diferentes preguntas sobre su citación judicial.