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jueves | 18 abril | 2024
El Gobierno de Bolivia agilizará los plazos para llegar a una solución sobre las expropiaciones de filiales de empresas españolas en el país andino, según ha trasladado hoy la embajadora boliviana en Madrid, Carmen Almendras, al Ministerio de Asuntos Exteriores.
La embajadora boliviana se ha reunido esta tarde con el secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia, tras ser convocada por el departamento de José Manuel García-Margallo, para dar explicaciones sobre el problema creado por la decisión de nacionalizar y ocupar la empresa Sabsa, filial de Abertis y AENA en el país andino.
Durante la reunión, que apenas ha durado 15 minutos, el número dos de Exteriores ha reiterado a la diplomática boliviana el enfado del Gobierno español ante el problema, según han explicado a Efe fuentes diplomáticas.
En este sentido, Gracia se ha expresado en la misma línea que lo hizo ayer García-Margallo en conversación telefónica con el ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana.
Quintana prometió a García-Margallo que se llegará a "una solución satisfactoria", tras reconocer que ha habido retrasos en la tramitación de los expedientes de las empresas que negocian una compensación por las nacionalizaciones.
Fuentes diplomáticas han señalado que durante la reunión de hoy, a la que también ha asistido el director general para Iberoamérica del Ministerio, Pablo Gómez de Olea, la embajadora boliviana ha mostrado su comprensión por el malestar del Gobierno español.
Asimismo ha dicho que las autoridades competentes ya trabajan en la búsqueda de esa solución satisfactoria para ambas partes.
La expropiación en diez meses de varias filiales de empresas españolas, la última la de la gestora aeroportuaria Sabsa, ha tensado la relación del Gobierno de Evo Morales con España, uno de los principales inversores en Bolivia y el primer donante de ayuda al desarrollo en los últimos años.
La nacionalización de Sabsa puede marcar un antes y un después en las relaciones de Bolivia con el Gobierno de Mariano Rajoy, que ante las anteriores expropiaciones, que afectaron a Red Eléctrica de España e Iberdrola, eludió el enfrentamiento diplomático en público y confió en que las compañías recibieran una compensación adecuada.
El Gobierno, que ha reconocido en todo momento el derecho de Bolivia a proteger sectores estratégicos y ha reclamado el pago de un "justiprecio" a las empresas, llegó a pedir a Bolivia que fuera "más discreto" al ejecutar las expropiaciones, porque podía parecer que el problema es mayor del real.
Pero Morales repitió el mismo procedimiento al nacionalizar con Sabsa, sin aviso previo y enviando militares a tomar las instalaciones, y el Ejecutivo respondió de forma inmediata que esta acción, sumada a las anteriores, le obliga a replantear las relaciones bilaterales.
España es el segundo inversor en el país tras Estados Unidos -fundamentalmente por la presencia de Repsol- y las empresas españolas suman numerosos contratos de infraestructuras y consultoría.
Ha sido además el principal proveedor de ayuda al desarrollo bilateral en los últimos años en Bolivia, que recibió una media de 61 millones de euros anuales entre 2007 y 2010.
A ellos se suman los acuerdos para condonar o canjear deuda por valor de más de 120 millones desde 2000.
Pese a los avances económicos a lo largo de los últimos años y la disminución de la pobreza, en Bolivia perviven grandes desigualdades y el país ocupaba en 2011 el puesto 108 de 187 países en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas.
Visitar varios de los numerosos proyectos de dirige la cooperación española en el país fue precisamente el objetivo del último viaje de la Reina a Bolivia, en octubre del año pasado.
Poco después, en diciembre, Evo Morales visitó España y se entrevistó en el Palacio de la Moncloa con Rajoy, quien le garantizó que su país seguiría siendo una prioridad de la política española de cooperación al desarrollo.
Un compromiso que podría estar ahora en estudio, al igual que el apoyo sin fisuras de España a Bolivia en la UE.
El PP preguntó ayer a las instituciones europeas si la relación preferencial que se mantienen en términos comerciales y de ayuda al desarrollo con Bolivia puede continuar ante esta "ola de expropiaciones".
