El Gobierno local se queda solo en la aprobación del pago de las facturas irregulares

Los tres asuntos que se llevaron al pleno fueron aprobados | quintana
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La Marea se quedó sola en el pleno a la hora de aprobar el pago de facturas irregulares por valor de 1,3 millones, un visto bueno que hace tres meses no había conseguido y para el que ahora tampoco logró el apoyo de ninguna formación de la oposición.
El Gobierno local llevó tres asuntos al pleno extraordinario de ayer y, tal y como se esperaba, todos salieron adelante, aunque el de las facturas pendientes con más problemas que los otros dos, ya que hizo falta el voto de calidad del alcalde tras un empate. Así, la Marea consiguió que se desbloquease el asunto de los pagos irregulares, aunque ello no supuso que el salón de plenos fuese un remanso de paz.
De los 1,3 millones de euros que estaban pendientes de una aprobación que en mayo no fue posible por los votos en contra del PP y del PSOE, la mayor parte, 850.000 euros, correspondían a una factura de diciembre del servicio de recogida de basuras. La licitación de este servicio en los últimos días fue lo que permitió que los socialistas cambiasen su voto del rechazo a la abstención, mismo sentido que el BNG. Mientras, el Partido Popular aseguró que no había cambiado nada y mantuvo su negativa.

Gestión
Este asunto de los reconocimientos extrajudiciales supuso una buena ocasión para que los grupos de la oposición recordasen al Gobierno local que no están de acuerdo con el modelo de gestión que está llevando a cabo.
“En 2016 hubo el doble de cantidad de facturas sin contrato, en la vida hubo tantas”, recordó la portavoz popular Rosa Gallego, quien advirtió que esta cifra aumentará en 2017 precisamente por haber finalizado el servicio de basuras. Además, alertó sobre dos facturas “ilegales”, una sobre bibliotecas y otra por un documental.
José Manuel García, portavoz del Partido Socialista, expuso que “la ciudad no se está gestionando bien” y centró sus críticas en la Concejalía de Medio Ambiente, algo que también hizo la líder del BNG, Avia Veira, quien señaló que “deixa moito que desexar” el área que dirige María García.
Los servicios de recogida de basuras y de limpieza viaria, los más elevados de la administración municipal, se encuentran actualmente sin contrato y solo el primero de ellos acaba de salir a licitación. Además, la convocatoria del contrato de parques y jardines fue anulada por la Marea  al comienzo del mandato, aunque luego un tribunal le obligó a rectificar y adjudicarla.
La gestión del Gobierno local también fue relacionada por populares y socialistas con los datos de paro, que revelan que la ciudad no se comporta al mismo ritmo que la media de Galicia. La Marea se defendió de las acusaciones con la edil de Hacienda, Eugenia Vieito, quien expuso datos sobre facturas irregulares en el mandato anterior. Además, el segundo turno lo usó García para asegurar que “están facendo algo heroico” en su área en relación a estos contratos y los trabajos diarios.

Emergencia social
Si Medio Ambiente estuvo en el ojo del huracán en el primer asunto, en el segundo fue el turno de Justicia Social. La razón fue un modificado de crédito de 246.000 euros que se utilizarán para emergencia social.
Esta ocasión fue aprovechada por las formaciones de la oposición para poner en duda la gestión que se está haciendo en esta área. Por ejemplo, Rosa Gallego lamentó que el Partido Popular ya había propuesto aumentar los recursos para emergencia social en lugar de incrementar el dinero disponible para publicidad. La portavoz popular también mostró su disconformidad con el hecho de que se realizase con anterioridad un modificado de crédito para fiestas que para esta finalidad.
Mientras, José Manuel García se dirigió a Silvia Cameán, titular del área, para dejar claro su rechazo a que una empresa privada se esté encargando de la gestión del centro de baja exigencia Abeiro por 190.000 euros anuales, más del doble de lo que perciben otras instituciones benéficas de la ciudad como el Hogar Sor Eusebia.
Por su parte, Avia Veira criticó que en el último año de mandato no haya un Plan de Inclusión Social y que los datos de ejecución de la renta social estén lejos de los de emergencia y lamentó que cada vez haya más gente que necesite estos servicios. Cameán reconoció que la renta necesita ajustes pero rechazó que el aumento de fondos en emergencia signifique más usuarios. l

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