Negreira se muestra dispuesto a ceder Tabacos a la Xunta de forma definitiva para la sede judicial

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El Ideal Gallego-2011-06-24-002-bd7a67a7La nueva etapa de entendimiento entre el Ayuntamiento y la Xunta volvió ayer a escenificarse con la visita de la recién llegada delegada provincial del Gobierno gallego, Belén do Campo, a María Pita. Era la primera vez desde que hace dos años Alberto Núñez Feijóo creó el cargo que un responsable territorial se reunía con el alcalde, si bien el encuentro sirvió para desbloquear un asunto clave para el funcionamiento de la justicia en la ciudad: la conversión de la Fábrica de Tabacos en sede judicial. Negreira y Do Campo acordaron trabajar juntos para alcanzar cuanto antes un acuerdo que permita iniciar las obras de rehabilitación del inmueble. El regidor abre la puerta a que la cesión del edificio sea definitiva.

lorena fernández > a coruña


  El convenio para rehabilitar la antigua Fábrica de Tabacos y convertir sus instalaciones en nueva sede judicial podría desbloquearse en pocas semanas, en virtud de la buena sintonía entre el Ayuntamiento y la Xunta, propiciada por el cambio de signo político a nivel municipal, tras las elecciones del 22 de mayo. La nueva delegada provincial del Gobierno gallego, Belén do Campo, y el alcalde, Carlos Negreira, acordaron ayer que los técnicos de ambos departamentos trabajen de manera conjunta para encontrar la mejor solución. Hasta ahora, el principal escollo radicaba en la oposición del anterior ejecutivo local a ceder el inmueble a la Consellería de Xustiza de manera definitiva, al ofrecer tan solo un traspaso de las instalaciones por 75 años. Pero, a la vista del resultado del encuentro de ayer, en breve podría producirse un acuerdo.
Para el regidor, este detalle es irrelevante, pues “las necesidades de la justicia son permanentes”. “No tengo ninguna intención de dejar que ninguna institución se marche”, explicó, dejando la puerta abierta a que la cesión se haga de forma definitiva, pues, añadió, “no hay mayor empeño en que sea una cosa o la otra, en que sea por 75 años, por 150 o por 200”.
Considera que, ahora, la prioridad es sacar adelante el proyecto, para que A Coruña siga siendo referencia a nivel judicial en toda Galicia: “La sede del Tribunal Superior está en la ciudad, porque así aparece recogido en el Estatuto de Autonomía, y, por tanto, los servicios judiciales de La Coruña tienen que ser una prioridad para este gobierno”.
El reto, entonces, será que, a través de la cooperación del Ejecutivo autonómico y el municipal, “se llegue a un acuerdo equilibrado para ambas partes”.

Financiación > Tal como estaba previsto antes del cambio de la corporación, los trabajos de conservación de las dependencias correrán íntegramente a cargo de la Xunta, que destinará algo más de 20 millones de euros. El primer edil lamentó que para este proyecto no se haya podido contar con la participación del Gobierno central, pues aunque inicialmente se consignó una partida para estas obras a través del desaparecido Ministerio de Vivienda, al final, esta se anuló por no ser ejecutada en plazo. Apuntó, no obstante, que su equipo no va a reclamar los fondos, al entender que podría retrasar todavía más la actuación: “La ayuda estatal la dio por perdida el anterior gobierno, fue una mala noticia en su momento, pero ahora no vamos a revisarla, más aún cuando hay un proyecto en marcha”.
El conservador dijo conformarse con que el Ejecutivo estatal “cumpla con los compromisos establecidos con esta ciudad”, que  pasan, según apuntó, por la finalización a tiempo del tramo de la Tercera Ronda entre Lonzas y A Zapateira o por la creación del centro sobre la cultura europea (Circe) en el antiguo edificio del Gobierno Militar.
La delegada de la Xunta, por su parte, ratificó el compromiso de diálogo expresado por el alcalde para sacar adelante la medida. Asegura que el buen entendimiento de las dos administraciones repercutirá “en beneficio de los administrados”.

 

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