9º-15º
jueves | 25 abril | 2024
El proceso de mediación iniciado el pasado mes de octubre para dirimir el futuro del edificio Conde de Fenosa se saldó con un acuerdo que propone cambiar la sentencia de derribo por una serie de medidas, una resolución que debe ser aprobada todavía por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
La fórmula acordada señala que la sentencia se ejecutaría reemplazando la orden de derribo por varias medidas. Entre estas figuran el reconocimiento público de la responsabilidad de la corporación municipal sobre la anulación de la licencia urbanística, la adopción de un Protocolo de Buenas Prácticas urbanísticas para evitar que se vuelvan a producir casos similares, la construcción por parte del Ayuntamiento de un edificio de alrededor de medio centenar de Viviendas de Protección Oficial en el Parque Ofimático, punto que fue propuesto por los recurrentes que a su vez renuncian a exigir la íntegra compensación que consideran que les correspondería, y el reconocimiento de una indemnización por los daños personales de índole moral causados a la parte recurrente durante más de 21 años.
En el acuerdo también se incluyen otros aspectos como despejar “incertidumbres” sobre la situación urbanística del inmueble, así como llevar a cabo acciones para incluir el edificio como “edificio singular” en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).
En este procedimiento participaron el Ayuntamiento, la comunidad de propietarios y la parte recurrente, formada por el arquitecto Valentín Souto y (Margarita Blázquez, además de un equipo de abogados del despacho Roca Junyent liderado por el expresidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, Pascual Sala.
Más de 21 años
El litigio sobre el edificio Conde de Fenosa comenzó hace más de 21 años, momento en el que el Ayuntamiento concedió una licencia de rehabilitación del inmueble, permiso que fue anulado cuatro años más tarde por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, quien a su vez señalaba que era necesario el derribo del edificio.
Los costes de la ejecución de dicha sentencia se calcula que supondrían unos 60 millones de euros para las arcas municipales, lo que llevaría al Ayuntamiento a una “insostible situación económico-financeira cun elevado custo social, e na que, con total seguridade, os servizos públicos se verían afectados”, indican desde María Pita. Por este motivo el Gobierno local intentó en todo momento no tener que asumir la demolición y buscar una vía alternativa.
Desde el dictamen de 2001 el asunto fue protagonista de diferentes resoluciones judiciales, como la de 2010, en la que el Tribunal Supremo confirmó que el edificio era ilegal y por lo tanto debía ser demolido. Un año más tarde el TSXG rechazaría los recursos presentados por el Ayuntamiento.
En 2014 el litigio sufrió un giro notable, ya que el Tribunal Supremo anuló la sentencia anterior y se abrió la posibilidad a que la demolición del edificio fuese solo parcial, aspecto que ratificó dos años más tarde cuando ordenó que se restituyese el edificio a su estado original de modo que se ajustase a la ley.
Esto fue en abril, mientras que dos meses más tarde el TSXG dictaminó que se acatase el auto anteriormente dictado, volviendo a pender sobre el inmueble la orden de demolición total.
